La Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en la investigación sobre varios exmiembros de ETA que presuntamente residen en Venezuela. El juez Francisco de Jorge ha solicitado formalmente la colaboración de las autoridades venezolanas para obtener información sobre 14 antiguos integrantes de la organización terrorista, entre ellos el histórico etarra José Ignacio de Juana Chaos, que continúa siendo una de las figuras más conocidas vinculadas a la banda.
La iniciativa judicial se produce en un contexto marcado por los recientes cambios políticos en el país sudamericano. El magistrado considera que esta nueva situación podría facilitar una cooperación que durante años resultó muy complicada, especialmente en asuntos relacionados con personas reclamadas por la justicia española.
Además de De Juana Chaos, la petición incluye a otros antiguos miembros de ETA sobre los que se pretende conocer su situación actual, sus posibles actividades y el grado de vinculación que habrían mantenido con estructuras de apoyo a fugitivos de la organización. La investigación se enmarca en una causa relacionada con el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK), una estructura que, según informes policiales, habría servido para coordinar y asistir a etarras instalados fuera de España.
La actuación judicial no se limita únicamente a Venezuela. El juez ha remitido además una comisión rogatoria a Estados Unidos para recabar documentación e información relacionada con el exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal.
El objetivo es conocer si en los procedimientos judiciales abiertos contra el exmilitar existen datos relevantes sobre la presencia de miembros de ETA en territorio venezolano y sobre posibles redes de apoyo. Incluso se contempla la posibilidad de solicitar su declaración como testigo dentro de la investigación.
La decisión ha sido recibida como una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de situaciones que durante años permanecieron bloqueadas. Las asociaciones de víctimas consideran que la nueva coyuntura política podría facilitar información clave sobre personas que continúan siendo objeto de interés judicial y cuya localización ha resultado especialmente compleja durante las últimas décadas.