El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción

La comparecencia fijada para el 1 de abril marcará un momento decisivo en el proceso, dando paso a la fase en la que un jurado popular evaluará los indicios de corrupción

La investigación judicial en torno a Begoña Gómez entra en una nueva fase que marca un antes y un después. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido transformar el procedimiento en un juicio con Tribunal del Jurado, una decisión que sitúa el foco no solo en el ámbito judicial, sino también en el interés público. Tras más de dos años de instrucción, el caso avanza con la citación de los implicados para el próximo 1 de abril de 2026.

Este movimiento no implica una condena, pero sí refleja que el magistrado aprecia indicios suficientes de posibles delitos. En concreto, la causa agrupa acusaciones de tráfico de influencias, malversación, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. El paso al jurado popular supone, además, que serán ciudadanos quienes tengan la responsabilidad final de valorar los hechos.

Un giro clave tras años de investigación

El camino hasta aquí no ha sido lineal. La causa fue parcialmente anulada a principios de 2026 por la Audiencia Provincial de Madrid, que pidió concretar mejor los hechos investigados. Ahora, el juez retoma el proceso con una resolución más detallada, en la que expone de forma más precisa los elementos que considera relevantes.

Uno de los puntos centrales del auto es la relación entre la actividad profesional de Begoña Gómez y su condición como esposa del presidente del Gobierno. El magistrado considera este vínculo un elemento “trascendental” a la hora de analizar posibles delitos de influencia. Según su criterio, tras 2018 se produce un cambio significativo en su trayectoria profesional, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia.

También se examinan decisiones dentro del ámbito universitario, como la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El proceso, según algunos testimonios recogidos, habría sido especialmente rápido, lo que ha suscitado dudas sobre su regularidad.

Contratos, subvenciones y dudas sobre la gestión

Otro de los ejes de la investigación gira en torno a la adjudicación de contratos públicos vinculados a Red.es. En este contexto, se analiza el papel de empresas privadas que obtuvieron importantes licitaciones y la posible influencia de apoyos externos en ese proceso.

Un informe de la Inspección General del Estado detectó irregularidades relevantes, como falta de transparencia o criterios de valoración poco objetivos. Estas circunstancias, según el análisis, habrían beneficiado a determinadas entidades.

Además, la investigación incluye la gestión de proyectos vinculados a una cátedra universitaria y el desarrollo de un software que posteriormente habría sido registrado de forma privada. Este punto ha abierto interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la posible apropiación de activos generados en el ámbito académico.

La decisión de llevar el caso a un jurado popular introduce un elemento inédito en la política reciente española. Más allá del desenlace judicial, el proceso plantea un debate sobre la ética pública, la transparencia y los límites entre lo institucional y lo privado. El próximo mes de abril será clave para entender hacia dónde evoluciona uno de los casos más mediáticos de los últimos años.