El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha calificado de «nefasto» que España sea un caso único en el mundo donde un partido político puede personarse como acusación contra otro, según recoge El Debate.
Durante su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo, el juez advirtió de que utilizar los tribunales como escenario para ganar batallas perdidas fuera de ellos supone una «tragedia» para la ciudadanía, alimentando una desconfianza creciente hacia la labor judicial.
Marchena ha calificado de «gravísima» la percepción pública que etiqueta a los jueces como «fachas con toga», subrayando que ninguna democracia puede sostenerse si vive desconfiando de quienes imparten justicia.
A pesar de este riesgo, el magistrado ha defendido la vigencia de la acción popular como un mecanismo «imprescindible» frente a una Fiscalía que, en ocasiones, puede abandonar su función de defensa de la legalidad frente a otros intereses.
Para el magistrado, la solución no pasa por restringir la participación de la sociedad civil —como propone el Gobierno—, sino por establecer límites claros. «Acusación popular, sí. Ilimitada, no. El límite tiene que ser para los partidos políticos y los sindicatos», sentenció. Según Marchena, permitir que estas organizaciones actúen como acusación obliga al juez a ser blanco de ataques ideológicos constantes cada vez que su fallo no satisface los intereses de dichas formaciones.
En relación con el papel de la ciudadanía en los tribunales, el magistrado ha defendido el buen funcionamiento del jurado popular frente a las críticas recientes. Pese a señalar que, como cualquier instancia, puede dictar veredictos cuestionables, recordó que para eso existen los recursos judiciales. Marchena subrayó que la institución es válida y que, aunque el debate sobre su eficacia parece superado, el sistema funciona correctamente en términos generales.
Finalmente, el juez propuso elevar los requisitos de formación para quienes integran estos tribunales legos. Marchena sugiere exigir el título de graduado escolar —en lugar de solo saber leer y escribir— para que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la compleja tarea de «motivar» su decisión sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados, garantizando así una mayor calidad en el ejercicio de ser «juez por un día».