Ordenan investigar la entrada de capital venezolano en Plus Ultra

Anticorrupción reclama un informe exhaustivo sobre la historia registral completa de la aerolínea desde su constitución en 2011, al considerar «de gran trascendencia» determinar si los cambios accionariales de 2017 condicionaron la concesión de la ayuda estatal

El magistrado José Luis Calama Teixeira, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Plaza nº 2, Audiencia Nacional), ha ordenado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elabore un informe exhaustivo sobre la evolución completa del capital social de Plus Ultra Líneas Aéreas, en el marco de las Diligencias Previas 77/2024-S que investigan el rescate público concedido a la aerolínea por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La providencia, dictada este martes, da curso a la petición formulada el pasado 31 de julio por la fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada María Elena Lorente Pablo, quien pidió que se oficiara a la UDEF «un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa» de la compañía desde su constitución hasta la actualidad, atendiendo a los cambios accionariales, los desembolsos efectivos y la evolución de la propiedad.

Según el escrito fiscal, Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, pero registró cambios accionariales «particularmente significativos» a partir de 2017, cuando —según recoge el Ministerio Público— entraron en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano.

Un informe de la UDEF-BBCA fechado el 14 de noviembre de 2025 detalla que, a abril de 2021, el accionariado estaba encabezado por SNIP Aviation (45,33% del capital), Fly Spain SL (11,47%) y Alva Skies and Wings SL (9,46%), seguidas de Flavio Borquez y Héctor Tobía, cada uno con un 7,5%, entre una veintena de socios que sumaban un capital de 18,89 millones de euros.

El escrito fiscal identifica, a través de protocolos notariales, a los socios que —a partir de 2017— realizaron aportaciones de capital y pasaron a controlar la sociedad: Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.

El documento menciona además a Raif El Arigie Harbie, que ocupó cargos de responsabilidad en la entidad sin participación accionarial, y a Alcíades José Carion Carrión, que mantuvo «significativas relaciones financieras» pcon la compañía.

Para la Fiscalía, resulta «de gran trascendencia» para la instrucción esclarecer el alcance de la entrada de ese capital venezolano y su eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea en el momento de solicitar la ayuda pública, presentada el 1 de septiembre de 2021. Plus Ultra recibió entonces un rescate de la SEPI —creada para sostener a empresas estratégicas afectadas por la pandemia— que ha estado en el centro de la polémica política desde su concesión, por las dudas sobre la solvencia y el origen accionarial de la compañía en el momento de recibirla.

El fiscal solicita concretamente que la UDEF analice las inscripciones registrales y cuantos documentos permitan determinar los desembolsos concretos y efectivos realizados por los distintos socios, así como todos los aspectos relativos a la financiación de la aerolínea.

La providencia fue notificada este martes a los procuradores de las partes personadas en la causa a través de LexNET.

La resolución es recurrible en reforma en el plazo de tres días desde su notificación.

Con este nuevo informe, la instrucción de las Diligencias Previas 77/2024-S —que ya cuenta con antecedentes de solicitudes de nulidad de actuaciones vinculadas a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero— suma una nueva línea de investigación centrada en el origen y la trazabilidad del capital que controló Plus Ultra en los años previos al rescate.