El interrogatorio sobre el ‘caso Begoña Gómez’ se traslada al domingo

Se investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido retrasar al próximo domingo a las 17:30 horas el interrogatorio como investigada de Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno. La citación estaba prevista inicialmente para este miércoles, pero la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, solicitó el cambio de fecha por coincidir con otros señalamientos judiciales.

González se convierte así en la quinta persona imputada en la causa, junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El magistrado Juan Carlos Peinado decidió citar a González para “informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan”. Además de escuchar su declaración como investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El cambio de fecha afecta también a las declaraciones de varios testigos. Entre ellos el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio. Todos ellos ya habían comparecido ante el juez, pero sus nuevas declaraciones quedan igualmente fijadas para el domingo.

Peinado justificó su decisión señalando que “no puede ser en calidad de testigo”, y atribuyó la imputación a la posible “pasividad” de Francisco Martín, antecesor de González en la Secretaría General de la Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023. Expuso el instructor:

«Cualquiera de las personas que, teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación»

Según recoge Europa Press, el juez considera que desde la Secretaría General se era “conocedor de los actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediática” de la esposa del presidente. Añade que Gómez, además de esas funciones públicas, “lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid”, donde codirigía una cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.

A juicio de Peinado, podría existir “malversación en la modalidad de comisión por omisión”, ya que González, en su posición de garante, podría haber impartido instrucciones para que Álvarez (la asesora de Gómez) “se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado”.

Camino del jurado popular

En el mismo auto, el magistrado rechazó la petición de archivo de la causa formulada por las defensas y por la Fiscalía. Confirmó además que se mantendrá la unificación de las dos piezas separadas, tal como ordenó la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el procedimiento continuará bajo la fórmula del jurado popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

Asimismo, la malversación y el tráfico de influencias son los delitos que, según Peinado, justifican la intervención de un jurado popular, al estar contemplados entre los que son de su competencia exclusiva, lo que arrastra al resto de acusaciones.

Se inició la causa en abril de 2024, tras una denuncia de la organización Manos Limpias, que acusaba a Begoña Gómez de aprovechar su posición como esposa del presidente para recomendar a empresarios, entre ellos Juan Carlos Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Posteriormente, el juez amplió la investigación tras una querella de Vox, por presuntas irregularidades en el registro del software de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.

Más adelante, Peinado abrió una pieza separada a raíz de otra denuncia de Vox, para determinar si hubo desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si esta desempeñaba funciones privadas para Gómez.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de abrir la pieza separada, pero avaló que el juez continuara con esa línea de investigación dentro de la pieza principal, centrada en la posible malversación de fondos públicos.