Un nuevo estudio estima que el herpes zóster supone un impacto económico superior a los 121 millones de euros anuales en España, especialmente en poblaciones de alto riesgo como pacientes con comorbilidades o inmunodepresión.
Según la investigación, publicada en la revista Human Vaccines and Immunotherapeutics, cada episodio de la enfermedad puede generar un coste medio de alrededor de 1.100 euros en pacientes con enfermedades crónicas y de más de 1.200 euros en personas inmunocomprometidas, teniendo en cuenta tanto el gasto sanitario como el social.
El trabajo analiza datos de historia clínica electrónica de siete comunidades autónomas entre 2014 y 2021, comparando pacientes diagnosticados con herpes zóster con grupos similares sin la enfermedad. El objetivo fue medir el impacto real de esta patología en el sistema sanitario y en la productividad laboral.
Los autores señalan que los costes indirectos, derivados principalmente de bajas laborales, representan entre el 4,7% y el 22,9% del total, dependiendo del perfil del paciente, siendo más elevados en personas inmunodeprimidas.
Desde el punto de vista sanitario, el estudio destaca un aumento significativo del uso de recursos médicos, incluyendo consultas de Atención Primaria, visitas a especialistas, pruebas diagnósticas, tratamientos farmacológicos y hospitalizaciones, especialmente en pacientes con patologías previas.
El herpes zóster está causado por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela. Tras la infección inicial, el virus permanece latente en el organismo y puede reactivarse años después, provocando dolor intenso, erupciones cutáneas y, en algunos casos, complicaciones prolongadas.
Los investigadores advierten de que la incidencia aumenta con la edad, especialmente a partir de los 50 años, y que el riesgo es mayor en personas con enfermedades crónicas como diabetes, EPOC o patologías cardiovasculares. Se estima que hasta una de cada tres personas desarrollará herpes zóster a lo largo de su vida.
En este contexto, los expertos insisten en la importancia de mejorar las tasas de vacunación en los grupos recomendados y en evaluar la posible ampliación de la inmunización a otras poblaciones de riesgo.
Asimismo, subrayan que una mejor prevención podría reducir tanto la carga asistencial sobre el sistema sanitario como el impacto económico global de la enfermedad, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos públicos.