El guirigay del CGPJ y el TC provocado por el golpe del PP y la torpeza del Gobierno

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. I Fuente: Europa Press

La precariedad en el TC y el CGPJ puede agravarse todavía más y cronifica la imposibilidad de desatascar los nombramientos pendientes para el funcionamiento de las principales instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Supremo

Cuarenta años después de la victoria del 28 de octubre de 1982, el partido Socialista Obrero Español (PSOE) sigue tropezando una y otra vez con la misma piedra: su incapacidad para desarrollar una política para el ámbito judicial y constitucional.

«Es el único partido político capaz de meter la pata mil veces en el mismo agujero judicial», señala una fuente judicial de peso a El Periódico este sábado 29 de octubre. «Y seguir sin darse cuenta de que el problema no es lo accidentado del camino, ni de que los conservadores sean malvados, que lo son, sino que su problema es la ceguera persistente y el empeño en buscar ayuda en los peores Lazarillos, que terminan por bebérseles el vino, comérseles el pan, los torreznos y la longaniza. Les ayudan a saltar un río para estamparles contra un muro de piedra», ironiza, en referencia a exministros y exfiscales generales que han «echado una mano» en los últimos cuatro años en este negociado.

Quizá el cuadro bosquejado sea un trazo de brocha gorda por cuanto habría que añadir un punto central, que es, para tomar prestada terminología del derecho penal, que el PP tiene el «dominio del hecho». O como diría, más burdamente en 2021, el magistrado en excedencia Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid: «El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial». Y, como ha redondeado el magistrado con mandato vencido y presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Tevijano, el derecho es una ciencia conservadora. «Los juristas somos casi todos gente conservadora, porque el Derecho (así, con mayúscula) es una ciencia conservadora», explicó el pasado 1 de septiembre.

Pero cierto es que, también para usar el lenguaje de Alfred Hitchcock, por qué no, el Gobierno ha lanzado un McGuffin -el recurso que hace avanzar el suspense pero resulta irrelevante en la trama- con el asunto de la futura reforma del delito de sedición, que el PP ha cogido al vuelo para, a su vez, justificar la ruptura del acuerdo y diseñado de renovación del CGPJ tras cuatro años de bloqueo deliberado.

Porque, en efecto, el McGuffin de esa reforma es que no sirve para nada. Porque el delito no se va a despenalizar. Y la reducción de la pena, por más significativa que pueda ser, no va a permitir, incluyendo una eventual merma de la inhabilitación absoluta como pena accesoria del delito, a Oriol Junqueras presentarse, por ejemplo, como candidato a una alcaldía, ni regresar a España, para tomar dos ejemplos, a Carles Puigdemont o a Marta Rovira, con el argumento de que no pisarán la prisión.

Y a todo esto, ¿acaso no mandan Junqueras y Rovira en ERC? Y, mira por dónde, esta vez no fue Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso quien colaboró en pavimentar el terreno para la huida despavorida de Feijóo.

El pasado miércoles, al comenzar el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, cuando le pusieron en el Congreso las alcachofas para hablar del delito de sedición, señaló: «Me atrevo a sugerirle al PSOE que hable menos sobre las negociaciones para 2023». Y ante la insistencia sobre la llamada «desjudicialización» del conflicto catalán a través de las reformas del Código Penal dijo: «En ERC intentamos ser gente discreta, silenciosa, que quiere que las cosas salgan. Y eso es muchas veces incompatible con estar telegrafiando negociaciones reales o no. Hablen menos».

Pero un extraño enroque quiso que el papel que tradicionalmente asume Rufián de remover el avispero lo representara nada menos que la titular de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero, quién en lugar de hacer caso al político independentista, aseguró, el jueves 27, que en efecto el presidente Sánchez respetaría sus acuerdos. «Es un compromiso que tiene el presidente y que traeremos a esta cámara» explicó a los medios, sin sospechar que pisaba el callo más sensible de las relaciones Gobierno-PP. Con la sedición, pues, hemos topado.

Dicho por quién ha negociado los apoyos a los presupuestos generales con las formaciones aliadas al Gobierno ello fue como decir: «Claro ellos nos apoyan y nosotros cumpliremos con la reforma de la sedición». El pretexto para el PP estaba servido. Aunque la vicepresidenta dijera más tarde que «para nada» había querido decir lo que se había «interpretado».

El paisaje institucional tras el golpe del Feijóo -en el cual han influido las presiones de sus barones, en especial Isabel Díaz Ayuso, pero sobre todo la recuperación del PSOE en las encuestas- montado a horcajadas de la coartada de la sedición (por cierto, el PP viene conduciendo una rebelión contra la renovación constitucional en plazo de las instituciones desde 2018) queda todavía más precario de lo que ya estaba. Veamos.

En el CGPJ hay un presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, en lugar del dimitido Carlos Lesmes. Si bien una medida cautelarísima contra el acuerdo del CGPJ que impidió la presidencia del magistrado del Supremo Francisco Marín Castán en el CGPJ fue desestimada, la Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso- Administrativo, tiene que definirse ante la solicitud de otra, la medida cautelar.

Esto es: escuchar los argumentos del magistrado y vocal del CGPJ, Wenceslao Olea, íntimo de Lesmes, que cuestiona el citado acuerdo y quiere que el presidente, tanto del Supremo como del CGPJ, sea, según el plan de Lesmes, Marín Castán, que ya ha asumido como presidente del Tribunal Supremo. Por tanto, la presidencia suplente de Mozo está todavía a merced de los tribunales.

En el Tribunal Constitucional, el Gobierno está ahora más obligado que antes si cabe a nombrar a los dos magistrados que le corresponde y que debieron ser designados el 13 de septiembre pasado.

Se da la circunstancia que uno de esos dos magistrados es el actual presidente, Pedro González-Trevijano, nombrado en el TC por el gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013. Por tanto, una vez que el Gobierno nombre a sus dos candidatos, González-Trevijano tiene que dejar el TC y la presidencia.

La situación está prevista en la ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Según el artículo 9.4 al «vicepresidente incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal…». Por tanto, el actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol, sustituiría a González-Trevijano, al dejar vacante el cargo. Ahora bien, Xiol también tiene el mandato vencido el pasado 12 de junio. Le corresponde al CGPJ, que le eligió en 2013, designar el sustituto.

Si el PP, además de bloquear la renovación del CGPJ, continúa con su estrategia e insta a los vocales conservadores a no elegir a los dos magistrados que le toca al Consejo y esa designación se paraliza sine die, ello tiene también consecuencias sobre el funcionamiento del TC.

Primero, el sector conservador del TC amenazaba en los últimos meses, con González-Trevijano a la cabeza, impedir la toma de posesión de los dos magistrados nombrados por el Gobierno si al tiempo no tenía lugar el nombramiento de los dos del CGPJ. Es posible que en el nuevo contexto, esa resistencia tenga dificultad para materializarse. Porque el Gobierno debe cumplir la Constitución y no se puede admitir que el CGPJ -por una maniobra política- le impida hacerlo, si se diera el caso.

Por otra parte, hay una sentencia de 2016, con ponencia del magistrado Fernando Valdés, firmada por González-Trevijano y todos los magistrados, según la cual se considera constitucional la renovación parcial del TC, lo que se aplicaría si el CGPJ no quiera o no proceda a hacerlo. Pero superado -está por ver- ese escollo hay otro.

Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional ya citada, la elección de presidente y vicepresidente del TC se realiza en ciertas condiciones. El articulo 16.3 estipula: «La designación para el cargo de magistrado del TC se hará por nueve años, renovándose el tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección de presidente y vicepresidente previsto en el artículo 9».

Es decir: para elegir nuevo presidente y vicepresidente del TC se necesita la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato ha vencido y que representan la tercera parte del tribunal de garantías. Si el Gobierno nombra sus dos magistrados y el sector conservador del CGPJ mantiene, por orden de Feijóo, el bloqueo y, por tanto, no están nombrados los cuatro, la elección de nuevo presidente se pospondría, quién sabe hasta cuándo. Quizá hasta que Feijóó y Díaz Ayuso lo permitan. A eso llaman «despolitizar» la justicia.

La designación de los dos magistrados por parte del Gobierno ya introduce la mayoría progresista en el TC, que pasaría a sumar 6 magistrados, frente a los 5 del sector conservador, que ha perdido uno, habida cuenta de la enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, cuya plaza ya no se va cubrir enseguida porque ello depende del Senado y se necesita para ello los votos del PSOE. Este punto formaba parte del pacto abortado por Feijóo y sus barones.

Por tanto, a menos que los sectores progresista y conservador en el CGPJ, bajo la presidencia suplente de Mozo, lleguen a un pacto en las próximas semanas sobre el nombramiento de los dos que le corresponde -los nombres de los magistrados ya están sobre la mesa (Julián Sánchez Melgar y José Manuel Bandrés, de la Sala II y III del Supremo, respectivamente) el guirigay acumulado hasta ahora ha conocido un un salto considerable desde este jueves 27 de octubre.

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