El GRECO expresa su preocupación por la cercana relación entre el fiscal general y el Gobierno

El órgano adscrito al Consejo de Europa pide desbloquear la renovación del CGPJ y critica la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha expresado este lunes su preocupación por la cercana relación entre el fiscal general del Estado (FGE) y el Ejecutivo. Por ello, ha instado de nuevo a España a modificar el modo de elección del jefe del Ministerio Público para garantizar su independencia.

Por otra parte, ha lamentado la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha instado a las «autoridades» a desbloquear esta situación «crítica» de bloqueo que ayer domingo alcanzó los cuatro años ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

«Esta es una situación altamente insatisfactoria; se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en esta área clave», ha señalado el GRECO en las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales.

En las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales, ha apunado que «la relación entre el fiscal general y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública (en cuanto a su percepción de independencia)».

Así las cosas, ha solicitado a las autoridades españolas a llevar a cabo una «reforma más amplia» del estatuto fiscal. Según ha subrayado, «será importante asegurar que este proceso de reforma incluya una fase de consulta con la propia profesión».

El GRECO evaluó esta recomendación como parcialmente implementada en el Segundo Informe de Cumplimiento. En aquella ocasión, tomó nota del proyecto de reglamento que, entre otras cosas, trataría el sistema disciplinario de la fiscalía, pero cuya aprobación aún estaba pendiente.

Celebra el nuevo reglamento

Ahora, España ha avisado que el Reglamento del Ministerio Público -adoptado en mayo de 2022- incluye, entre otras, normas específicas sobre disciplina y establece el procedimiento para determinar la responsabilidad disciplinaria en que pueden incurrir los fiscales por acciones u omisiones consideradas como faltas, según su distinta gravedad, y las sanciones correspondientes.

Las autoridades españolas han apuntado, además, que en los casos de acoso sexual, acoso discriminatorio o acoso laboral por motivos de sexo o violencia, el reglamento establece específicamente que la acción disciplinaria debe salvaguardar especialmente los requisitos de objetividad, confidencialidad, celeridad y seguridad.

Asimismo, con la reforma se ha creado el cargo de fiscal promotor de la acción disciplinaria y se ha «profundizado» en el proceso disciplinario y sus garantías, incluyendo la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables.

El GRECO ha celebrado las reglas adicionales sobre disciplina introducidas por el Reglamento del Ministerio Público. «Este es un avance positivo», ha dicho.

«Una acción más decidida» frente a los lobbies

En otro orden de asuntos, el organismo dependiente del Consejo de Europa ha indicado que España debería emprender «una acción más decidida» respecto a las relaciones entre los parlamentarios y los grupos de presión o lobbies, aunque reconoce que se han dado pasos en este sentido pero que se están demorando en el tiempo.

Entre las recomendaciones que propone está la de introducir «reglas sobre cómo los miembros del Parlamento se relacionan con los ‘lobbistas’ y otras terceras partes para buscar influir en el proceso legislativo».

En este sentido, el GRECO llega a la conclusión de que en estos ocho años transcurridos la recomendación solo se ha cumplido «parcialmente», como ya se indicaba en su segundo informe de cumplimiento de 2019.