El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha otorgado el tercer grado penitenciario a Jon Bienzobas, histórico miembro de ETA condenado por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Bienzobas, apodado Karaka, cumple actualmente su condena en la prisión alavesa de Zaballa y, tras la aplicación de la normativa que descuenta los años de prisión cumplidos en Francia, se encuentra a tan solo siete meses de liquidar definitivamente sus penas.
La concesión de la semilibertad se ha fundamentado en el artículo 83 del reglamento penitenciario. El Ejecutivo autonómico ha valorado su buena conducta, la existencia de una oferta laboral y, de forma determinante, una carta escrita por el recluso en la que «expresa sentirse responsable del dolor causado» y manifiesta su deseo de convivir en paz. Sin embargo, este gesto no ha convencido a los colectivos de damnificados por el terrorismo, que cuestionan la sinceridad del escrito.
Desde la asociación Covite han calificado la medida de «fraudulenta», argumentando que las cartas privadas no deberían sustituir a hechos verificables. «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe», ha denunciado con firmeza Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite. Para la asociación, estos textos son meros instrumentos redactados con el fin exclusivo de obtener beneficios carcelarios sin un arrepentimiento público real.
Bienzobas acumula condenas que suman 266 años de cárcel. Entre sus crímenes más destacados figura el asesinato a tiros de Tomás y Valiente en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996, así como el de Rafael San Sebastián en Getxo en 1990. Pese a la gravedad de estos delitos, la AVT recuerda que el preso podrá salir a la calle en apenas medio año debido a la conmutación de los 17 años que cumplió en prisiones francesas.
Otro punto de fricción es la modalidad en la que se ejecutan estos terceros grados. Covite denuncia que el 90% de los etarras en esta situación pasan rápidamente al artículo 86, que permite la estancia en el exterior con pulsera telemática. «Estamos ante un engaño intolerable», ha señalado Ordóñez, quien exige transparencia al Gobierno Vasco sobre estos cambios de régimen que, en la práctica, suponen una libertad casi total para los condenados.
Finalmente, las asociaciones han puesto el foco en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no recurrir de forma sistemática estas progresiones de grado. Recuerdan que existe jurisprudencia, como una sentencia de 2023, que establece que estas cartas de perdón carecen de validez legal si no van acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación» del terrorismo, algo que las víctimas aseguran que no se ha producido en este caso.