El Gobierno salva el decreto general de vivienda, pero pierde el de la renovación automática del alquiler

Los 35 votos de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos superan a los 34 de PP, Vox y Junts, pero el PNV frena el otro texto

La Diputación Permanente del Congreso, único órgano activo tras la disolución de las Cortes, ha convalidado este jueves el decreto ley con las medidas generales de vivienda. En cambio, el segundo decreto, impulsado por Sumar para prorrogar de forma automática los alquileres, no ha salido adelante. La votación llega un día después de la huelga general por la vivienda.

El decreto de medidas generales salió adelante con el apoyo de 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos. Esta última formación reúne el voto de todo el Grupo Mixto en la Diputación Permanente. En contra votaron los 34 de PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí sumaban mayoría absoluta.

Con el segundo decreto, el resultado cambió. Al rechazo de PP, Vox y Junts se sumó el del PNV, y el texto decayó. Como cualquier decreto ley, ambos debían refrendarse en el Congreso en un máximo de 30 días.

Con las Cortes disueltas por el adelanto electoral, la votación recayó en la Diputación Permanente. No hubo sorpresas: los grupos mantuvieron las posiciones anunciadas, que coinciden con las que defendieron en el Pleno en octubre.

Qué incluye el decreto que sigue adelante

El texto prohíbe hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables que no tengan alternativa de vivienda. También regula una prórroga automática de los contratos de alquiler durante todo 2028.

Crea además el mecanismo ‘Tu Casa’, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial. Contempla préstamos de hasta 50.000 euros para la primera vivienda y estará dotado con 10.000 millones de euros.

Incorpora también un fondo de impacto social de 400 millones para que proveedores sociales promuevan vivienda. Endurece las condiciones para la compra especulativa por parte de los llamados ‘fondos buitre’, con una definición más amplia y excepciones revisadas respecto al texto anterior.

El decreto que ha decaído

El segundo decreto establecía que, superado el periodo inicial del contrato, el alquiler se prorrogara de forma automática otros cinco años. Serían siete si el casero es una empresa.

Si el propietario quería romper el contrato, debía abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler. Esa obligación es la que ha pesado en el rechazo.

El PNV, cuyo voto era clave, repitió lo que hizo en el Pleno en octubre: apoyó el decreto general y rechazó este. Considera «desproporcionada y desorbitada» una indemnización de 12 mensualidades.

El debate en la Diputación Permanente

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió el decreto de la renovación automática. Aseguró que afectaría a cinco millones de personas y ahorraría hasta 4.341 euros a cada inquilino. Añadió que la medida ya existe en Francia, Alemania o Viena, referente de la izquierda por su amplio parque público.

Pidió votar a favor para que ese dinero se quede en el bolsillo de los inquilinos. Según su planteamiento, de lo contrario acabaría en manos de unas inmobiliarias a las que acusó de asfixiarlos económicamente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió el otro decreto. Sostuvo que protege a inquilinos y pequeños propietarios ante la emergencia habitacional mientras crece la oferta asequible. Destacó la prohibición de desahucios, las nuevas prórrogas, las deducciones fiscales para inquilinos y bonificaciones de hasta el 100 % de las rentas para pequeños propietarios que bajen los precios.

Un pulso que viene del Pleno

Rodríguez defendió que la vivienda es un derecho básico, no una mercancía ni un activo financiero. Argumentó que ampliar el parque público y asequible con protección permanente evitará que acabe en manos de fondos especulativos. Añadió que proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no son objetivos contradictorios.

Con este resultado, el Gobierno salva al menos uno de los dos decretos que impulsó tras un desahucio que provocó una oleada de indignación. El Pleno, donde PP, Vox, Junts y UPN sumaban mayoría absoluta de 178 escaños, tumbó ambos textos. Después, el presidente, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre.

Disueltas las Cortes, el Ejecutivo volvió a aprobar los textos con pequeños cambios para que no fueran idénticos. La votación se ha producido en la víspera de la campaña electoral, que arranca a las 00.00 horas del viernes 13 de noviembre.