El Gobierno impulsa medidas urgentes contra la trata de mujeres con discapacidad

Aina Calvo y CERMI Mujeres exigen herramientas eficaces para protección, detección y atención digna

El Gobierno ha reconocido este viernes que aún queda un “camino por recorrer” para garantizar un trato digno a las personas con discapacidad frente a la trata y la explotación sexual. La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha subrayado la necesidad de herramientas eficaces que vayan más allá de la compasión y se centren en los derechos y la protección real de las víctimas.

Durante la conferencia sobre ‘La trata de mujeres y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad’ organizada por la Fundación CERMI Mujeres en el Congreso de los Diputados, Calvo ha alertado de que la tarea policial es “ingente”, pero la prevención, detección temprana y reparación de las víctimas sigue siendo un reto aún mayor.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha anunciado la inminente publicación de un estudio pionero en España que analizará las violencias sufridas por mujeres con discapacidad, combinando datos cuantitativos y análisis cualitativo para identificar a quienes están más expuestas al abuso y al maltrato.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha recordado que la trata nace del machismo y forma parte de un sistema de violencia estructural que convierte a las mujeres en “instrumentos de beneficio económico”. Por ello, el Ejecutivo trabaja en la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, con medidas específicas y un enfoque interseccional para que “ninguna mujer sea invisible”.

Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha reclamado la creación de protocolos específicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permitan la detección, identificación y asistencia de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de explotación sexual y prostitución.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha respaldado la labor de las organizaciones y ha destacado la urgencia de un abordaje integral, que combine iniciativas legislativas, detección, protección y atención social.

Con esta acción, España da un paso crucial para proteger a las mujeres y niñas más vulnerables, aunque el camino por delante sigue siendo largo y urgente.