El Gobierno confirma a Álvaro García Ortiz como fiscal general después de que el Supremo le acusara de “desviación de poder”

El Ejecutivo adoptará la medida en el Consejo de Ministros el próximo 28 de noviembre

El Gobierno confirmará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027, a pesar de la fuerte contestación en la carrera fiscal -desde donde se le acusa de desoír a las voces disonantes- y de la polémica en torno a la promoción profesional de su predecesora, Dolores Delgado, un movimiento en el que el Tribunal Supremo (TS) aprecia “desviación de poder”.

Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que será ratificado en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 28 de noviembre, no solo porque lleva un año desempeñando el cargo, sino por considerar que se trata de un “fiscal de carrera de reconocido prestigio”.

Álvaro García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

De hecho, una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta del TS, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, fuentes fiscales señalan a Europa Press que, aunque hay tesis enfrentadas, se estudia la manera de que pueda seguir.

En un fallo de este mismo martes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una “desviación de poder” que calificó de “innegable” al ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. “Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal”, recalcó el alto tribunal.

Para ello, se apoyó en las palabras del propio Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que “quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta”, reconociendo que, “si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley”.

Nombramientos discrecionales

A esto se suma la polémica desatada el pasado junio, cuando adelantó otro Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspiraba Delgado. También en contra del criterio mayoritario, la ex ministra de Justicia se hizo con el puesto y otro candidato y las asociaciones de fiscales AF y APIF recurrieron al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.

El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF -como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra- por “el lamentable espectáculo” vivido en el Consejo Fiscal del pasado junio. Fue “la gota que colma el vaso”, según señalaron fuentes consultadas por esta agencia de noticias.