El Gobierno aumenta a 1.400 los menores en Ceuta y se niega a dar una cifra definitiva: «Aún hay muchos en las colas para filiarse»

La reagrupación familiar será una de las vías prioritarias para dar respuesta a la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma

El Gobierno central ha actualizado las cifras oficiales relativas a la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta, cifrando en 80.000 las personas que ingresaron de forma irregular y en 1.400 los menores no acompañados registrados hasta el momento. Esta nueva estimación se alinea de manera más cercana con las demandas y los datos aportados por el Ejecutivo local ceutí.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció durante su visita a la ciudad que todavía no se puede establecer una cifra definitiva de menores debido a la constante afluencia en las dependencias policiales. Al respecto, el ministro declaró: «No me atrevo a decir una cifra definitiva», tras comprobar de primera mano que «hay muchos menores en dependencias policiales o haciendo colas en las comisarías para filiarse».

Esta actualización gubernamental matiza las declaraciones previas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había fijado la entrada en 72.000 personas. Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, insistió en que en las calles de la localidad aún permanecen «entre 8.000 y 11.000 inmigrantes», a pesar de que el Gobierno defiende que gran parte de los migrantes retornaron rápidamente a Marruecos tras la emergencia inicial.

Propiciar la reagrupación familiar

En cuanto a la gestión de los menores no acompañados, Torres recalcó que la máxima prioridad del Ejecutivo es propiciar la reagrupación familiar, contemplando la voluntad de los menores, los deseos de las familias y la legislación aplicable. Sobre este aspecto, el titular de Política Territorial apuntó que han encontrado «personas dispuestas a acogerlos», dado que algunos familiares ya residen en territorio español.

Para hacer frente a la crisis operativa, el Ejecutivo central ha desplegado un refuerzo de recursos humanos que incluye un incremento del 40% en los efectivos de la Guardia Civil, un 30% en la Policía Nacional y un 50% más de personal en la Delegación del Gobierno, contando además con el respaldo de las Fuerzas Armadas para agilizar las filiaciones y los trámites administrativos.

Ante este escenario, Juan José Vivas calificó la situación de «absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable» y exigió al Estado que asuma el mando único. Asimismo, reclamó la creación de un centro de internamiento temporal para evitar que miles de personas continúen deambulando por las calles sin cobertura para sus necesidades vitales.