El Gobierno apuntala el férreo control de los medios y anuncia reformas legales para delitos de libertad de expresión

La reforma del Código Penal se refiere a casos que afecten a instituciones y religión y también retocará la ley de Secretos Oficiales y las leyes orgánicas sobre el honor y la rectificación

El Consejo de Ministros ha aprobado un ‘plan de regeneración democrática’ planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz del ‘caso Begoña’, que contempla un amplio abanico de reformas donde destaca un registro de medios de comunicación, de su financiación y de la propiedad, inventario que encargará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El registro de medios de comunicación recogerá información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

Se trata de una «hoja de ruta» -así lo ha bautizado Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España- que tendrá que tener el visto bueno tanto del Congreso de los Diputados y del Senado y que cuenta con más de una treintena de medidas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta», ha añadido.

Reforma del Código Penal

Gobierno prevé una “reforma integral” del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona, en el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado en Consejo de Ministros que incluye 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito.

Dentro del segundo eje, el de “fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos”, Bolaños ha incluido una “reforma integral del Código Penal” para tratar “los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos”.

Derecho europeo

Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español “al Derecho de la UE” y ajustarlo en lo relativo a estos delitos “a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

En este mismo apartado, Bolaños también ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que “el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen” puesto que “ha quedado claramente obsoleto” ya que entonces no se preveía “el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones”.

Con la reforma de ambas leyes se buscará “garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación”, ha puntualizado Bolaños. También reformará la ley de Secretos Oficiales.

Críticas de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que “quienes más muestras han dado de control de medios y de control de las instituciones” impulsen ahora un Plan de Regeneración Democrática contra bulos.

En una entrevista en ‘Telecinco’, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha ironizado con que es “muy interesante” que este plan se apruebe a la vez que se ha conocido que “el PSOE estaba pergeñando dosieres para intentar desprestigiar a jueces, a medios de comunicación y a periodistas”.

“Va un poquito más en la línea de lo que venimos denunciando ya desde hace muchísimo tiempo y es que, como bien decía Bolaños estos días, se van a mantener en el poder sí o sí, al margen de parlamentos, poniendo todos los activistas que se pueda en las instituciones y acabando con todo aquello que le recuerda a una democracia donde están sus límites”, ha insistido la jefa del Ejecutivo madrileño.

Régimen totalitario, según Vox

Por su parte, La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que el plan de regeneración democrática que aprueba el Consejo de Ministros este martes es “propio de un régimen totalitario” y “fruto del arrebato de un presidente infantil” por la investigación por presuntos delitos de corrupción a su esposa, Begoña Gómez.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha trasladado la oposición de Vox a ese plan que Pedro Sánchez llama “contra los bulos” porque, a juicio de la portavoz, servirá para criminalizar a jueces, periodistas y ciudadanos que opinan sobre temas de actualidad en redes sociales en lo que ve como “la actuación propia de un régimen totalitario”.

“No se dedica a luchar contra el odio, sino a gestionarlo”, ha explicado la portavoz parlamentaria. “El Gobierno dirá lo que es odio y será lo que le venga mal: si jueces investigan sus irregularidades, odio; la gente que comente en redes sociales, odio; y los medios que informen de manera objetiva y veraz, también odio”, ha continuado.

Sumar quiere ir más allá

Sumar ha valorado el plan de regeneración impulsado por el Gobierno, sobre todo con la reforma del Código Penal para reformar el delito de injurias a las instituciones del Estado y apunta que abarca también las relativas a la Corona. No obstante, cargos del grupo plurinacional han opinado que hay margen para ir más allá en las medidas durante la negociación con los grupos parlamentarios.

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo han explicado que el ala socialista informó por la mañana que el Consejo de Ministros iba a aprobar el plan de regeneración contra bulos y por la tarde se abrieron negociaciones con el PSOE para tratar de recoger medidas para despenalizar los denominados delitos de opinión.

En este sentido, fuentes del espacio plurinacional remarcan que su afán era lograr cambios en el Código Penal en favor de mayor protección de la libertad de expresión, logrando consenso en lo relativo a las ofensas religiosas. Y también apuntan que en las injurias se ha conseguido un redactado en el que ambos socios pueden sentirse cómodos.

Por tanto, han recalcado que es un “avance” el pacto para la reforma de esos tipos penales, pero no es todo lo ambiciosa que aspiraba Sumar dado que en la proposición de ley que registraron en el Congreso pedían derogar el enaltecimiento del terrorismo, incluyendo en su lugar un agravante en el tipo relativo a las ofensas a las víctimas. De esta forma, admiten que este punto ha sido imposible de consensuar con el PSOE.

Ya en julio Sumar aseguró que había logrado un consenso con el PSOE para suprimir los denominados delitos de opinión y citaba expresamente el caso de las injurias a la corona.

Garantizar derechos

La portavoz adjunta de Compromís y diputada por Compromís, Águeda Micó, ha señalado que estas reformas relativas a la libertad de expresión con importantes y es un deber del Gobierno “velar” por garantizar esos derechos.

“Esta es propuesta es una propuesta que aceptamos, que valoramos positivamente y que pensamos también que ahora tenemos que negociar con los otros grupos parlamentarios y tendremos también que ir más allá en cuestiones de democratización de la justicia”, ha apuntado en rueda de prensa en el Congreso.

El diputado del grupo plurinacional y dirigente de los ‘comunes’, Gerardo Pisarello, ha manifestado que su espacio, tanto en el seno del Gobierno como grupo parlamentario, ha presionado para llegar a lo “máximo posible” en las medidas de regeneración democrática.

RESUMEN DE LAS MEDIDAS PRESENTADAS POR EL GOBIERNO

El Gobierno ha presentado este martes su “plan de acción por la democracia”, una serie de medidas que afectan a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo entre otras instituciones. El Ejecutivo dice que en total son 31 medidas, repartidas en tres ejes de acción, pero hasta el momento solo ha dado cuenta de una parte de las mismas que se indican a continuación:

Para mejorar la información gubernamental

– Estrategia de Gobierno Abierto.

– Creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

– Rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno.

– Reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

Medios de comunicación

– Creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

– Obligación de que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria.

– Reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

– Reforma de esta Ley para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad.

– Impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.

– Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

– Reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos.

– Reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación.

– Límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.

Poder legislativo y sistema electoral

– Ley de grupos de interés –lobbies– para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes.

– Obligación a realizar el Debate sobre el Estado la Nación cada año y de que los candidatos acudan a los debates en campaña electoral.

– Obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.

– Fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada y sancionar a los parlamentarios que no realicen sus declaraciones de bienes y actividades.