El Gobierno aprueba el nuevo «permiso climático»: se podrá faltar hasta cuatro días al trabajo por catástrofes

Las empresas estarán obligadas a interrumpir la actividad laboral en caso de riesgo grave e inminente

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye el «permiso climático», un derecho laboral que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días en casos de catástrofes o alertas climáticas graves. Esta medida busca garantizar la seguridad de los empleados cuando las autoridades prohíban o limiten el desplazamiento hacia el lugar de trabajo.

Si la emergencia climática persiste más allá de los cuatro días, las empresas podrán optar por incluir a los trabajadores afectados en un ERTE o prorrogar el permiso. También podrán habilitar el trabajo a distancia si la actividad lo permite, según establece la ley 10/2021. Estas medidas han sido inspiradas por sistemas implementados en otros países, como Canadá.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha destacado que esta legislación introduce medidas permanentes en el marco de la lucha contra el cambio climático y la protección laboral. Asimismo, ha garantizado que ningún trabajador podrá ser penalizado por acogerse a este permiso, con la Inspección de Trabajo supervisando su cumplimiento.

«España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país», ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa.

La nueva normativa exige que los convenios colectivos incluyan protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos. Las empresas tendrán 12 meses para desarrollar estas medidas, ajustadas a los riesgos climáticos particulares de cada sector.

Derechos de los trabajadores

Se refuerzan los derechos de los trabajadores, quienes deberán ser informados de las medidas a adoptar ante alertas climáticas graves. Además, las empresas estarán obligadas a interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente, asegurando la protección de sus empleados.

La representación legal de los trabajadores tendrá un nuevo derecho a recibir información sobre los protocolos de emergencia climática y, en caso necesario, podrá solicitar la suspensión de actividades laborales.

La normativa reconoce que los riesgos climáticos varían según el sector y el tipo de actividad. Por ejemplo, no son iguales para un trabajador de la construcción que para uno en una oficina o biblioteca. Este enfoque busca que las empresas adapten sus protocolos de forma específica a sus características.

El Ministerio de Trabajo tiene 12 meses para desarrollar un decreto que aborde integralmente la protección laboral frente al cambio climático. Yolanda Díaz subrayó el compromiso del Gobierno con las políticas climáticas frente al negacionismo, señalando que estas medidas marcan un avance significativo en la protección de los trabajadores y en la respuesta a la emergencia climática.