El presidente utiliza como abogado defensor a la fiscalía y no quiere que le vean en la misma situación por la que él exigió la dimisión de Rajoy
En el escrito que ha enviado la Fiscalía de Madrid al juez Juan Carlos Peinado pidiéndole que no entregue a los abogados de las partes el vídeo con la (no) declaración de Pedro Sánchez sobre los negocios de su esposa, Begoña Gómez, el ministerio público justifica su petición en que “no hay nada de interés” en la grabación y que, por tanto, este no sea incorporado al sumario.
Lo que pretende la fiscalía con este escrito, aparte de pervertir su papel de acusación y actuar como abogado defensor de Sánchez, algo absolutamente anormal en los tribunales, es que el juez no facilite el vídeo a los abogados de las partes para evitar que la opinión pública vea la imagen de Sánchez en La Moncloa siendo interrogado por un juez. Es decir, sentado en su despacho oficial y rodeado del juez Peinado, el fiscal y los abogados de las partes, todos ellos con toga.
La fiscalía sabe que en cuanto el vídeo sea facilitado a las partes, la imagen de Sánchez estará en casi todos los medios de comunicación. Y ellos sería posiblemente así porque es la primera vez en España que un juez acude al palacio de la Moncloa para interrogar como testigo a un presidente del Gobierno. En este caso, porque el juez quería saber (Sánchez se negó a responder a ninguna pregunta) qué grado de conocimiento tiene el presidente sobre los turbios negocios de su mujer, Begoña Gómez, con sus socios, a los que, supuestamente, asesoró, en incluso avaló por escrito (en el caso del empresario y socio Carlos Barrabés), para que el Gobierno que preside su esposo le diese suculentas subvenciones salidas de las arcas públicas.
La fiscalía, adoptando en este caso un papel de abogado defensor de Sánchez, pide algo que sabe que es ilegal, puesto que las partes tienen derecho a acceder a todos los documentos que consten en un sumario, y el vídeo con la declaración de Sánchez constituye un documento más.
Al igual que la grabación de su esposa durante su interrogatorio como imputada en los juzgados de la plaza de Castilla, donde se le concedió el beneficio, por supuestas razones de seguridad, lo que no sucede con ningún usuario de la justicia, de entrar al juzgado por el garaje. Y, además, llegó a las plaza de Castilla acompañada de un descomunal séquito policial que alejó por la fuerza a todos los periodistas de los alrededores de los juzgados. Unas medidas de seguridad que nunca antes se habían visto en los juzgados de Madrid.
Lo que pretende la fiscalía, que no se facilite a las partes esa grabación con el (no) testimonio de Sánchez, “es ilegal; no puede haber ciudadanos de primera y de segunda ante la justicia“, señalan fuentes judiciales de los juzgados. Todos los días se graba en los juzgados a miles de testigos y obviamente esa prueba documental forma parte del sumario, en el momento en que el juez decide practicarla, y no se puede hurtar a los abogados de las partes. “Nunca había visto a la fiscalía pedir algo así, que además es ilegal, supongo que lo hace porque tienen instrucciones de arriba de evitar por todos los medios que salga esa grabación”, añaden los citados medios.
El juez rechazará esta nueva triquiñuela de la fiscalía, que no es la primera que hace. Fue muy llamativo, además, que el fiscal, casi simultáneamente a la presentación de la denuncia que puso el sindicato Manos Limpias por los supuestos chanchullos de Begoña Gómez, solicitara el archivo del caso. Una fiscalía que habitualmente en otros casos se salta los plazos para presentar sus escritos y que en este asunto va por delante o a la par que los abogados de la acusación. Algo también inédito.
En resumen, Sánchez no quiere que los ciudadanos puedan conocer qué sucedió y qué le dijo al juez sobre si conocía y estaba al tanto de los negocios de su esposa Begoña con socios suyos que luego han resultado beneficiados con suculentas subvenciones públicas otorgadas por el Gobierno que preside su marido. Como, por ejemplo, el empresario Carlos Barrabés, cuyo grupo ha obtenido en los últimos años 23 millones de euros en subvenciones. Barrabés, también imputado en la causa que instruye Peinado, es socio de Begoña Gómez y la persona que financió parte de las actividades de la cátedra que graciosamente (“por la cara”, define un abogado) otorgó a la mujer del presidente la Universidad Complutense de Madrid.
La grabación del interrogatorio de Sánchez se halla a disposición del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que es el que instruye el caso Begoña Gómez.
No quiere que le vean en la misma situación por la que exigió la dimisión de Rajoy
Otro de los motivos por los que Sánchez no quiere que se le vea ante un juez siendo interrogado es porque sabe que la ciudadanía le vio a él pidiéndole al expresidente Rajoy, una y otra vez, que dimitiera porque este se había sentado en un banquillo, como testigo, para ser preguntado sobre lo que sabía él sobre uno de los temas relacionados con la trama del caso Gurtel.
El juez Peinado está de vacaciones pero en contacto permanente con el juzgado. De hecho, ha interrumpido en varias ocasiones su asueto para resolver asuntos relacionados con el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, el interrogatorio a Sánchez.
El juez ha pedido a la Universidad Complutense, por otro lado, que le facilite los currículos de las personas que recibieron cátedras similares a la dada a Begoña Gómez sobre sostenibilidad. Quiere saber Peinado si los otros beneficiarios de cátedras tenían carrera universitaria, ya que a Begoña se le dio esta distinción, una cátedra, sin haber pasado nunca por la universidad.
El juez cree que ha habido un tráfico de influencias en este asunto y corrupción entre particulares en el tema de las subvenciones avaladas por Begoña Gómez.