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El exlíder de UGT-A Francisco Fernández Sevilla es condenado a tres años de cárcel y 50 millones de multa

Inicio de las declaraciones de acusados en el juicio por el caso UGT con el exsecretario general del sindicato en Andalucía Francisco Fernández. | Fuente: EP

La sentencia también afecta a otros excargos del sindicato como Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una sentencia condenatoria contra Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT Andalucía, por desviar de manera fraudulenta 40,6 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación. Ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad documental y fraude de subvenciones. Según el tribunal, los fondos se utilizaron “conscientemente” para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al objetivo social para el que fueron otorgados.

Además, se impone a Fernández Sevilla la prohibición de acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante cuatro años y medio. La sentencia también afecta a otros excargos de UGT-A: Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea han recibido condenas similares, mientras que Dolores Sánchez, exresponsable del departamento de compras, ha sido condenada como cómplice a seis meses y dos días de prisión, con una multa de 25 millones de euros y restricciones similares durante un año y medio.

Indemnización

En el ámbito de la responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con 40,6 millones de euros, correspondientes al total defraudado. UGT-A ha sido declarada responsable civil subsidiaria por el importe íntegro. Según el fallo, los condenados principales cubrirán el 99% de esta cantidad, y Sánchez, como cómplice, será responsable del 1%, además de responder subsidiariamente con los otros condenados por hasta 4,28 millones de euros.

El tribunal ha reconocido la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial, lo que ha influido en las penas impuestas.

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