El Constitucional libera a tres ex altos cargos andaluces vinculados al caso ‘ERE’

El tribunal anula la malversación a la exconsejera Martínez Aguayo y ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia relativa a la prevaricación

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto hasta ahora siete recursos presentados contra la sentencia de los ERE, lo que ha resultado en la liberación de tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.

A excepción del recurso del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, que fue desestimado por unanimidad por un “defecto insubsanable”, el resto de decisiones del Pleno han sido adoptadas por los siete votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro votos en contra de los magistrados del ala conservadora.

En líneas generales, el TC ha fijado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva del delito de prevaricación.

Bajo este argumento, ha perdonado parte de la prevaricación y de la malversación condenada por la Audiencia de Sevilla –y confirmada por el Tribunal Supremo– en el caso de los ERE.

Así ha resuelto el TC los recursos estudiados hasta ahora:

La exconsejera de hacienda Carmen Martínez Aguayo

El tribunal ha anulado la malversación a la exconsejera Martínez Aguayo y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia relativa a la prevaricación. De momento, se ha decretado su “mandamiento de libertad”, si bien desde junio gozaba del tercer grado penitenciario y estaba asignada a un centro de inserción social.

Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

El exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar

De momento, el TC ha anulado en su totalidad una sola condena de los ERE, la del exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que fue condenado a seis años y medio de cárcel y que, tras darse a conocer el fallo, ha salido de la prisión Sevilla I.

Los magistrados han aceptado parcialmente el recurso al entender que se interpretó mal el delito de prevaricación y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pero no han admitido la queja que planteó sobre el hecho de que se anticipara el fallo a la prensa.

El exconsejero de innovación Francisco Vallejo

Vallejo, que este mismo miércoles ha quedado en libertad tras darse a conocer el fallo del TC, fue condenado a 7 años de prisión por un delito prevaricación con malversación por haber participado en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos de 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas. Como presidente del IFA/IDEA también permitió que se siguiera realizando el pago de las ayudas sociolaborales.

El TC ha estimado parte de su recurso al entender que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le aplicaron mal el delito de prevaricación y al considerar que su condena vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia.

La exconsejera de economía Magdalena Álvarez

La corte de garantías ha perdonado parte de la prevaricación a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, al estimar parcialmente su recurso.

Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.

El exconsejero de empleo Antonio Fernández

El TC ha perdonado parte de la malversación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El Pleno ha anulado su condena y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia.

Los magistrados han declarado que en parte se le aplicó mal el delito de malversación, pero han rechazado que se hayan lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

El TC considera que la Audiencia de Sevilla tendrá que redactar un nuevo pronunciamiento sobre la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000-2001 y a las disposiciones de fondos incluidos en el programa 3.1 L en ausencia o con desviación de su fin público.

Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y a 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación.

El exviceconsejero de innovación Jesús María Rodríguez Román

Jesús María Rodríguez Román fue condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a la pena de 6 años y 2 meses de prisión, con accesorias, y 15 años y 2 días de inhabilitación, con accesorias.

El TC ha estimado parte de su recurso de amparo y ha ordenado a dictar una nueva sentencia. Al igual que en el caso de Vallejo, ha determinado que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le aplicaron mal la prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia al condenarle por malversación sin precisar los hechos que se le atribuyen específicamente a él.

El Exconsejero de empleo José Antonio Vera

Al margen, el TC ha acordado “por unanimidad” desestimar el recurso de amparo del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, que fue condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso con malversación.

Los magistrados han considerado un “defecto insubsanable” que no haya argumentado correctamente su petición. A su juicio, el recurso de Viera se expresa en “términos genéricos” sin explicación alguna o desarrollo argumental. El tribunal ha insistido en que era su deber proporcionar una fundamentación jurídica y fáctica que soportase su petición.