Los vocales conservadores reclaman un “rotundo posicionamiento” por parte de este organismo para acabar con el “acoso” a jueces y magistrados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de lawfare. Una petición de los vocales conservadores, quienes ven necesario que el órgano adopte un “rotundo posicionamiento” contra el “acoso” a jueces y magistrados.
En un escrito, piden al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que en este Pleno ordinario se examinen “las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado”.
Los nueve vocales ven necesario analizar la “legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces” en las mismas.
“El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho”, dicen.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces avanzan que se accederá a lo solicitado, por lo que el asunto se debatirá en el cónclave del próximo miércoles. Allí también acudirán los seis vocales progresistas.
Últimamente, varios vocales han planteado redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en dichas comisiones. Iniciativa que ha tenido buenas reacciones internas. Por eso, el CGPJ baraja la posibilidad de elaborarlo.
En este contexto, el Congreso acordó el martes crear tres comisiones de investigación. Una para indagar en la denominada Operación Cataluña, otra para tratar los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 y otra para hablar del espionaje a los separatistas con la aplicación Pegasus.
Acusaciones de Junts
Ese mismo día, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, llamó “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, y a los magistrados del mismo, Carlos Lesmes y Pablo Llarena.
Previamente, el representante de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, los acusó de emprender una “batalla política” para “intentar torpedear” la ley de amnistía. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reaccionó para defender la independencia de los jueces.
Las palabras de Junts generaron “malestar” en el TS. Hasta el punto de que su presidente interino, Francisco Marín Castán, canceló la reunión prevista para el miércoles con Bolaños. Aunque alegó “razones sobrevenidas”.
Desde el CGPJ, Guilarte calificó de “inadmisible” la intervención de Nogueras a varios magistrados del TS. Y ratificó que adoptará las medidas necesarias para protegerlos.
El organismo ha expresado en un par de ocasiones su “frontal oposición” a estas comisiones parlamentarias. Con el aviso de que actuará por “los cauces legalmente establecidos” si es necesario.
El origen de las comisiones es la parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Este pacto dice que las conclusiones de las mismas “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad”.
Miedo entre jueces y fiscales
Esta coletilla final atemoriza tanto a los jueces como a los fiscales que participaron en las causas, afectadas por la amnistía. Ven factible que puedan emprenderse acciones en su contra. Por lo que los fiscales del juicio del procés han pedido “amparo institucional” al fiscal general del Estado, Álvaro García. Un asunto que se debatirá el miércoles en el Pleno del Consejo Fiscal.
De todos modos, en ningún caso, las comisiones de investigación podrían actuar directamente contra ellos. Ya que si apreciaran tales responsabilidades tendrían que remitir los casos a la Fiscalía, el juzgado que corresponda o el propio CGPJ.