El Congreso rechaza una propuesta para regularizar a todos los migrantes que lleguen a España antes del 20 de mayo

El texto ha contado con el apoyo de Podemos, Sumar, BNG, EH Bildu y ERC, el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV y la abstención del PSOE

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una proposición no de ley de Podemos por la que instaba al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses una proceso de regularización de todos los migrantes que lleguen a España antes del 20 de mayo de 2025.

El texto ha contado con el apoyo de Podemos, Sumar, BNG, EH Bildu y ERC, que pactaron los cambios de la iniciativa original de Podemos, con el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV, y la abstención del PSOE. En total, ha recibido 46 votos a favor, 183 votos en contra y 119 abstenciones.

Los socios del Gobierno se unieron este martes en el Congreso para presionar al PSOE sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de personas extranjeras. Así lo hicieron los ‘morados’ con Sumar, BNG, EH Bildu y ERC a través de una enmienda de sustitución.

Críticas al PSOE

Durante el debate de la PNL, la diputada de Podemos, Ione Belarra, acusó al PSOE de bloquear la ILP, primero en la Mesa del Congreso y después en Ponencia, así como de utilizar a Junts «como excusa» para no aprobar la iniciativa. Además, se refirió a la reforma del Reglamento de Extranjería que aprobó el Gobierno el 19 de noviembre del año pasado, que ha dicho que es «puro maquillaje».

«La pregunta esta tarde, señorías, es sencilla. ¿Con quiénes van a estar el Partido Socialista, Junts y el PNV? ¿Con la mayoría social, con la gente que quiere la regularización administrativa de estas personas o con los racistas del Partido Popular y Vox? Esa es la pregunta que hay que contestar», cuestionó Belarra.

Tras la pregunta de la diputada, el Hemiciclo clamó en contra de sus palabras. «Les he llamado racistas porque son racistas, porque hacen políticas racistas. Por tanto, es lo que son. No es un insulto, es una descripción», agregó.

Asimismo, recalcó que la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular es una «cuestión de pura justicia». Si bien, indicó que esta no resuelve el «conjunto de problemas» de la política migratoria. Para ello, instó a crear «vías legales y seguras» para migrar legalmente.

El PSOE apela al consenso

En el turno de portavoces, el socialista Vicente Montávez defendió una migración «regulada, segura y respetuosa» con los derechos humanos, que garantice la «inclusión, la convivencia y el fortalecimiento» de la sociedad. En este sentido, apeló a buscar el «máximo consenso» en la tramitación como ley de la ILP. «Es necesario buscar el mayor consenso posible para dar estabilidad y dignidad a quienes enriquecen nuestra sociedad», defendió.

Asimismo, Montávez explicó que la llegada de las personas migrantes debe ir acompañada de un «compromiso real». «No basta con aceptar su presencia. Hay que garantizar derechos y oportunidades, que supondrán también obligaciones», subrayó.

Por parte del PP, Sofía Acedo, que se ha mostrado en contra de la iniciativa de Podemos, acusó a Belarra de «tapar» a presuntos agresores sexuales. «Aquí la única xenófoba, racista, sectaria y machista del libro es usted. Es usted que además tapa a presuntos agresores sexuales porque son sus líderes mesiánicos», expuso.

«Falsas expectativas»

Por otro lado, Acedo criticó que el PSOE generase «falsas expectativas» a la población migrantes con «barra libre de regularización». Además, explicó que en el marco de la Unión Europea no existen las regularizaciones masivas. «Todo se sustancia en procedimientos individualizados con cumplimiento exhaustivo de requisitos», añadió.

Por Sumar, Vicenç Vidal instó al PSOE a alcanzar acuerdos en esta cuestión. «Acuerdos que no traicionen la voluntad de la gente del pueblo, de la gente que lo ha hecho», señaló.

Rocío de Meer, de Vox, que abogó por la «reemigración» en su intervención, dijo que Podemos quiere perpetuar la apertura de fronteras «que acaba con vidas de españoles y de europeos». «Las calles de España y de Europa están diciendo basta. Pero para ustedes parece que aún no es suficiente», lamentó.

Por EH Bildu, Marije Fullaondo pidió a los grupos parlamentarios que sean «valientes» y que apoyen la iniciativa. Además, lamentó que, mientras la tramitación de la ILP se duerme, la reforma del Reglamento de Extranjería entrará en vigor en mayo y «afectará negativamente a la regularización de diferentes colectivos de migrantes que no van a poder acceder a la regularización por vías ordinarias».

Dejar fuera a miles de personas

Jordi Salvador, de ERC, reprochó al Ejecutivo que dejase morir la ILP en la anterior legislatura y ha criticado también el nuevo Reglamento de Extranjería que «sigue dejando fuera a miles de personas». «El Gobierno prefiere tener centenares de miles de personas sin papeles, explotadas y vulnerables», afirmó.

Por parte de Junts, Josep Maria Cervera insistió en el traspaso de competencias de migración a Cataluña. «La política migratoria que desde Junts queremos es la que nos ha de permitir dar respuesta en tiempo y forma a la complejidad del fenómeno y al reto demográfico del hoy y del futuro», aseguró.

Finalmente, desde el PNV, Mikel Legarda recordó que su formación apoyó la toma en consideración de la ILP en el Congreso. En esta línea, señaló que comparten la misma idea que entonces cuando indicaron que la regularización debe hacerse «caso a caso».

Aprobar instrucciones

Según se desprende de la iniciativa acordada por los socios del Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, instaban al Ejecutivo a aprobar, en el plazo de seis meses, mediante Real Decreto o Acuerdo del Consejo de Ministros, un procedimiento e instrucciones para solicitar una autorización de residencia legal por circunstancias excepcionales de carácter extraordinario tras la cual sea posible modificar hacia otras autorizaciones de residencia contempladas en la normativa general de extranjería.

Además, pedían garantizar que las personas solicitantes de protección internacional podrán acceder a dicha autorización de residencia excepcional «sin la obligación de desistir de su solicitud de asilo de conformidad con las recomendaciones del Defensor del Pueblo en la materia».