Después de casi veinte años de investigaciones, declaraciones y condenas, el caso Gürtel entra en su última fase judicial. La próxima semana se celebrará el último juicio de esta macrocausa de corrupción, centrado en los delitos fiscales cometidos por los principales cabecillas de la trama. Entre ellos están Francisco Correa, considerado el líder, y su mano derecha, Pablo Crespo. Ambos ya han reconocido parte de los hechos con la intención de lograr una reducción de sus penas.
Esta última pieza, conocida como la principal, reúne a una veintena de acusados y a varias empresas señaladas como responsables civiles. Se trata del cierre de una historia que ha dejado una profunda huella en la política y en la justicia española. La Fiscalía Anticorrupción pide para Correa y Crespo penas de hasta 77 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Según el Ministerio Público, desde finales de los años noventa y hasta 2009, Correa dirigió una red de empresas creada para enriquecerse a través de comisiones ilegales y contratos amañados. Las ganancias obtenidas se ocultaban mediante un entramado de sociedades que operaban tanto en España como en el extranjero. La investigación calcula que el fraude a Hacienda supera los 24 millones de euros.
Buena parte de los acusados ha optado por confesar antes de sentarse en el banquillo. Lo hacen para lograr una rebaja en sus condenas, en un proceso donde la Fiscalía considera probada una estrategia de evasión fiscal sistemática. Correa y Crespo, según los investigadores, ocultaron su patrimonio mediante sociedades pantalla y facturas falsas con las que disfrazaban el origen del dinero, según Europa Press.
El juez instructor, José de la Mata, también sentará en el banquillo a asesores fiscales, empresarios y supuestos testaferros. Entre ellos figuran los nombres de Luis de Miguel y Ramón Blanco, considerados piezas clave en el diseño del entramado financiero. Ambos, según el magistrado, ayudaron a crear estructuras opacas para evitar el pago de impuestos.
La suma de las responsabilidades económicas exigidas a los acusados supera los 199 millones de euros. Con este juicio, el caso Gürtel se acerca a su desenlace definitivo. Será el último episodio de una trama que simboliza como pocas el abuso del poder, la avaricia y la manipulación del dinero público en la España reciente.