El caso de la pareja de Ayuso: ¿dictará el Supremo lo que debe decir el fiscal general del Estado?

La sala de magistrados presidida por Manuel Marchena está por resolver si investiga a Álvaro García Ortiz por emitir una nota aclaratoria sobre el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre la base de la tergiversar un correo de Alberto González Amador, defraudador confeso de dos delitos fiscales, quien pretende que se trata de revelación de secreto

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid) anunció la noche del pasado lunes 7 de octubre que al día siguiente, martes 8, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sería, después de la detención de Víctor de Aldama, presunto corruptor del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, el siguiente “tocado”.

En respuesta a Óscar López, activista con rango de ministro, MAR escribió: “Óscar, os van deteniendo a todos. Aldama es el principio. Lo de Aldama va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando. Y mañana toca el fiscal ese del Sanchismo. Vais todos pa´lante”.

Unos días antes de la irrupción de MAR, según la reconstrucción hecha por El Periódico, en diversos círculos judiciales se daba por hecho que la Sala de magistrados encargada de resolver la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), favorable a investigar al fiscal general del Estado, acogería la petición y abriría diligencias. De modo, que Rodríguez se hizo eco de un runrún.

Ese martes 8 se celebraba el acto en el cual el magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Berberoff, hasta ahora exvicepresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) asumía la vicepresidencia del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial. Y no parecía el día más oportuno para deliberar y votar sobre el fiscal general del Estado. Se dice pronto, pero sería la primera vez al menos en la historia judicial de la transición que la Sala Segunda investiga a un fiscal general del Estado.

Fuentes del Supremo consultadas por este periódico manifestaron en privado su malestar por la irrupción de MAR en términos muy duros. Asimismo, señalaron que “no había todavía una decisión que permitiera elaborar el auto”, en referencia a la resolución sobre admisión o inadmisión de la petición del TSJM. También matizaron que “no ha habido una deliberación formal” y sugirieron que existían posibilidades de “retrasar” el asunto.

La salida de MAR al ruedo, mira por dónde, viene a evocar qué fue él, precisamente él, quien estuvo en la punta del ovillo que llevó a la intervención de la Fiscalía General del Estado sobre el procedimiento de fraude fiscal seguido contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales cometidos contra Hacienda (350.000 euros) en la liquidación de un contrato de venta de mascarillas durante la pandemia -el rayo que no cesa- del cual fue intermediario y que le produjo beneficios de dos millones de euros.

Al difundirse la información del fraude fiscal, MAR tergiversó las comunicaciones entre el abogado del defraudador confeso González Amador y la Fiscalía de Madrid y filtró un correo del fiscal Julián Salto en el que se hacía eco de la posibilidad de un pacto que, como es habitual, suele sellarse entre el defraudador y la Agencia Tributaria ante un juzgado por delito fiscal.

Problema: el fiscal respondía a la oferta del abogado del defraudador, no era el fiscal el que ofrecía el pacto, sino al revés, González Amador.

Por tanto, la manipulación puesta en marcha por MAR a través de sus amigos en los medios vendía gato por liebre. A todo esto, la pareja de González Amador -la presidenta de la Comunidad de Madrid-insistía en que Pedro Sánchez estaba persiguiéndole por ser su novio y que no había cometido delito alguno. Esta situación motivo la intervención de la Fiscalía de Madrid y de la fiscalía General del Estado.

Estas escaramuzas fueron “preprocesales”, es decir, el caso no estaba residenciado todavía en sede judicial. Por tanto, aunque el correo difundido por MAR era reservado, no vulneraba por así decir un inexistente secreto sumarial.

El fiscal general del Estado, según ha asumido (él mismo ha solicitado que sea la Sala Segunda la que estudie el asunto antes de que el TSJM enviase la petición de imputarle), consideró que se debía responder con claridad sin limitar el comunicado a un simple desmentido. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, consideró que era redundante porque, en rigor, un medio de comunicación ya había puesto las piezas del puzle en su sitio.

El hecho es que después que el medio de comunicación fue buzón del correo manipulado de MAR (a las 09:42 del 14 de marzo), la Fiscalía de Madrid, impulsada por la FGE, publicó (a las 10.20 horas) un comunicado con la secuencia de los hechos.

El protagonismo de MAR ha sido, la semana pasada, muy oportuno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, en su relato de hechos, la exposición razonada del TSJM al Supremo del 15 de julio pasado, que pide la imputación de Álvaro García Ortiz, el comunicado de la Fiscalía aparece caído del cielo.

En román paladino: la relación de dicho comunicado con el correo usado por MAR para tergiversar y deteriorar la imagen de los fiscales brilla por su ausencia. Se hurta así a los magistrados del Supremo la causa y efecto de la situación creada en aquellos días de marzo de 2024.

Los magistrados del TSJM imputan a García Ortiz un delito que encajaría en la tipicidad del artículo 419 del Código Penal. Sin duda, se trata de un error material, toda vez que se trata del delito de cohecho; se deben estar refiriendo al 419, de revelación de secreto. Y, como se ha apuntado, el asunto no estaba todavía judicializado. Ergo: no había secreto sumarial.

Aun en el caso de que se hubiera excedido en la secuencia de hechos relatada el 14 de marzo, el fiscal general del Estado respondió a un correo que sí era reservado y que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid tergiversó con el propósito de defender a su pareja.

La Sala Segunda del Supremo ha tenido que lidiar en los últimos meses con una fiscalía del Tribunal Supremo que no se ha plegado a sus posiciones extremas en la inaplicabilidad de la amnistía a casos como el del Tsunami Democràtic o el delito de malversación. Va a ir ahora tan lejos la Sala Segunda como para decir lo que puede o no decir en una nota de prensa la fiscalía General del Estado porque, vamos, en el fondo del asunto, se trata de eso. Porque delito como tal no lo hay ni lo habrá.

Pero es que, además, MAR ha demostrado con la Sala Segunda, de acuerdo con impresiones recogidas por este periódico, un afán de manipulación equivalente al que exhibió con el correo que dio lugar a este incidente. Porque “querer condicionar el contenido y calendario de unas deliberaciones es infame”, según dijo un magistrado a este periódico.

Pues eso, precisamente, es lo que hizo MAR cuando puso en manos de un medio el correo, que lo reprodujo en un pantallazo a las 09:14 del 14 de marzo de 2024. Toca a Manuel Marchena, presidente, Susana Polo, ponente, a Juan Ramón Berdugo, a Antonio del Moral y a Carmen Lamela resolver.

Moraleja: se suele escarmentar en carne propia.