El calvario de Vicente tras confundirle el juez con otro Vicente

Vicente Mezquita Manzanas, vecino de Burgos, de 61 años, lo pasó realmente mal. De pronto, empezó a recibir citaciones del juzgado burgalés de Briviesca para tomarle declaración como imputado en una causa que se estaba investigando en Málaga. Le atribuían que era miembro de una organización dedicada al tráfico de drogas. Vicente acudió al juzgado y dijo que no tenía ni idea de lo que se le preguntaba. Pero eso no convenció al juzgado, que lo encausó y casi tres años después lo llevó a juicio.

Vicente no se cansó de presentar escritos al juzgado diciendo que él no tenía nada que ver con los hechos. El juzgado le advirtió de que había pinchazos telefónicos que le desmentían y que revelaban claramente que había estado vendiendo drogas como integrante de una banda de narcos. Vicente, el bueno, no daba crédito.

Tras decenas de mareos, pidió ver las diligencias y fue entonces cuando se percató en las diligencias de que el número que había sido pinchado «como de Vicente» nada tenía que ver con los números de sus teléfonos. Era diferente. Su abogado pidió que se oficiase a todas las compañía telefónicas para que se certificase a quién pertenecía el teléfono, que llevaba intervenido dos años. El teléfono pinchado era en realidad de Vicente Reyes Ortega, mientras que los de Vicente, el bueno, eran Mezquita Manzanas, muy diferente.

Pero hasta que él mismo alumbró al juzgado de que él no era la persona buscada, tuvo que buscarse un abogado y presentar escritos, uno tras otro, hasta cinco, rogándole al juez que le archivara la causa porque él no tenía ninguna relación con ninguna banda. Pero el juzgado de Málaga «hizo oídos sordos» a sus ruegos. Tres años duró su tormento, cuenta Vicente Mezquita en el escrito que remitió al Ministerio de Justicia exigiendo, por los daños y perjuicios causados, una indemnización de 36.205 euros.

«He sufrido un estrés insoportable durante dos años. Contraje una enfermedad crónica que aun persiste. Me he visto inmerso en un procedimiento judicial con graves acusaciones dirigidas contra mi, que, además, trascendieron a mi ámbito laboral y social, puesto que vivo en una pequeña localidad. Mi imagen y honor fueron demonizados de por vida. Viví una situación kafkiana», relató al Ministerio de Justicia en su demanda contra el Estado.

No sólo tuvo que ir a declarar varias veces (en realidad se limitó a decir que no sabía nada de lo que se le preguntaba), sino que, muchos meses después, tuvo que ir a Málaga porque el fiscal le pedía varios años de cárcel por narcotráfico y quería que se sentase en el banquillo junto a los demás narcos de la organización. Por fortuna, antes de que acabara el juicio, el fiscal comprendió que era inocente, un error con los nombres, y decidió retirarle la acusación.

36.000 euros

Se queja Vicente, en su demanda contra el Estado, que a raíz de todo ese embrollo sufre graves daños morales «irreversibles». Y asegura que, además, tuvo que pagar elevados gastos de abogados. El fiscal le acusaba de recibir cocaína de otros miembros de la banda y de venderla a sus clientes. Los otros seis implicados en este asunto, de distintas zonas de España, sí fueron condenados por la Audiencia Provincial de Málaga. Los pinchazos, en estos casos, sí fueron certeros. No hubo confusión de nombres.

El Poder Judicial, a quien el ministerio pidió un informe sobre lo ocurrido, entiende que Vicente, pese al error, y a que fue absuelto en el juicio tras retirarle el fiscal su petición de pena, no le da la razón a Vicente, el bueno. El Poder Judicial dice que sólo debe indemnizarse cuando alguien es sometido a un proceso judicial por un delito inexistente (el sobreseimiento libre) y que este no es el caso. Y que esta obligado a «soportar» los efectos de la incoación de un procedimiento penal que lo que busca es averiguar quién realmente ha podido cometer un delito.