Sánchez y el ‘ultrafeminismo’ utilizan el caso de Julio Iglesias para tapar el ‘puterío’ de Ábalos, las ‘mordidas’, los prostíbulos del suegro y los chanchullos de la ‘catedrática’

Las dos ex empleadas del cantante deben explicar por qué denuncian cuatro años después y en España, y no ante los jueces de Bahamas y la República Dominicana, donde ocurrieron los hechos. Hay que investigar, desde luego, pero sin presiones ‘ultrafeministas’

Son graves las imputaciones que se ciernen sobre Julio Iglesias. Y deben investigarse con rigor pero, sobre todo, al margen de tacticismos políticos, como ya está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha unido a la ultraizquierda feminista para pedir que se desposea de todo tipo de honores al cantante hispano más universal.

La portavoz del Gobierno Elma Saiz, y las habituales del feminismo ultraizquierdista, antes siquiera de que haya un simple dictamen judicial, han empezado a pedir que se quiten a Julio Iglesias todos los galardones oficiales que se le hayan dado en España.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado. Al menos mientras no se sustancie un proceso judicial justo, que en puridad ni ha empezado, sostiene.

El sector ultraizquierdista que pide proscribir a Iglesias es el que calló cuando el caso Errejón o el de Monedero y el que muestra constante miopía ante los desvanes en comisiones y puteríos que han aflorado en el seno del PSOE.

Y se han criado en el chavismo. Nunca han criticado las atrocidades de Nicolás Maduro.

Julio Iglesias es de derechas, apoyó explícitamente a Aznar. Es una diana perfecta. Y quieren convertirlo, cuando ni siquiera ha comenzado la investigación, en un ventilador mundial de las maldades de la derecha. Y, de camino, tapar la profusa mugre de todo tipo que impregna al propio Sánchez.

Con sus dos manos derecha en la cárcel o imputados.

De momento, solo están las declaraciones de las dos ex empleadas del cantante. Han denunciado que Julio Iglesias las atacó y humilló sexual y laboralmente. La fiscalía las va a citar a declarar. El proceso, pues, acaba de empezar.

Ya habrá tiempo, en su caso, de tomar medidas contra el cantante. El jugador del Barcelona Dani Alves fue absuelto tras estar dos años en la cárcel por una denuncia de agresión sexual atizada por las ultra feministas.

El Gobierno de Sánchez ha anunciado que se personará en el proceso judicial abierto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y azuza el asunto.

La justicia debe indagar este caso con rigor y abstraerse de las maldades colaterales de Sánchez para enterrar su corrupción.

Las garras ideológicas de las Montero

Y, muy importante, alejar las diligencias de las garras ideológicas de las Montero (sobre todo, la Irene, la que se echa a llorar sin rubor en el Parlamento europeo cuando Alvise le suelta que está donde está merced a su relación con el ex coletas Pablo Iglesias) y de la Ione Belarra. Las que mueven a su peña por las redes, cada vez más débiles, contra sus hostiles ideológicos. Nunca contra los suyos.

Son también las que pusieron a parir al juez Carretero por su interrogatorio a la víctima de Errejón y ahora callan cuando han visto que Errejón, en contra el criterio de la Fiscalía, que pide el archivo, va a sentarse en el banquillo por abuso sexual contra Elisa Mouliaá a iniciativa del juez.

Tratar de derribar a estas alturas al mayor mito musical de la historia de España, con 300 millones de discos vendidos, requiere, por tanto, unas pesquisas profesionales y, sobre todo, distantes del tufo asfixiante que conduce ahora a La Moncloa como gestante en la sombra de la puesta en escena de estas denuncias.

A Sánchez le ha venido esta historia de rechupete. Se relame. Un respiro en su alocada carrera a ninguna parte subido en La Moncloa.

Es de esperar que deje al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, un tipo serio y muy profesional, trabajar sin presiones.

Y no como a las que sometió al exfiscal general García Ortiz en el caso del novio de Ayuso. García Ortiz quiso contentarle frente a Ayuso y terminó condenado por revelación de secretos.

El fiscal Alonso no es permeable y es de los que actúan en conciencia. Hay que dejarle trabajar en paz.

En esta investigación, no obstante, hay cosas extrañas. Los hechos contra estas dos empleadas se produjeron en las mansiones que Julio Iglesias tiene en Las Bahamas y República Dominicana. Y hace unos cuatro años.

¿Y por qué se denuncian en la Audiencia Nacional de España y no en los juzgados de esas zonas? ¿Acaso ahí no hay jueces? ¿O creen que los de aquí son más duros si las ultrafeministas de Irene Montero presionan lo suficiente?

¿O al estilo Luis Rubiales, que no al de Errejón o Monedero, ni al del íntimo amigo de Sánchez, Paco Salazar, el que se paseaba por la oficina entre sus empleadas con la bragueta abierta?

¿Y por qué denuncian ahora estas dos exempleadas, tanto tiempo después de los hechos?

Es cierto que la ley española permite investigar aquí delitos cometidos por españoles en el extranjero. La denuncia de estas dos ex empleadas están ya en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias preliminares y citará a las denunciantes para que la ratifiquen y conocer la veracidad de los hechos.

El cantante hoy tiene 83 años, y abrigaba 78 cuando acaecieron los hechos.

Es una de la mayores insignias de España en el mundo, a través de la música, y padre del cantante también mundialmente conocido Enrique Iglesias.

Casi siempre ha vivido fuera, pero llevó el nombre de España en sus actuaciones. Y tiene una finca en Málaga, y mansiones en Miami, Las Bahamas y República Dominicana, entre otros enclaves, Se le calcula una fortuna de 5.000 millones de euros.

El medio que ha divulgado en España este caso, El Diario, es muy cercano a Sánchez. No escasea en publicidad gubernamental pero tiene grandes periodistas, Romero, Precedo, el propio director, Escolar.

El estallido de este asunto significa que durante unos días no se hablará de la seudocatedrática chanchullerilla Begoña Gómez, del otro Pérez Castejón, David, el Barenboim de la música, ni de las putas asobrinadas de Ábalos y Koldo, tampoco de las comisiones de Cerdán, ni de las delaciones de Aldama…

Ah, ni del amigo de Sánchez, Paco Salazar, el de la bragueta cuya denuncia tenía escondida el PSOE. Ni tampoco se hablará del inextricable Zapatero.

Lo que no sería aceptable es que el Gobierno, antes de que se produzca una investigación y un proceso judicial justo, presiones a fiscales y jueces para que entierren al más importante cantante que ha dado la música hispana y desviar así la atención pública sobre el iceberg escatológico que envuelve a Sánchez y los suyos.