Hacienda entrega al juez Calama la relación de los más de cuatrocientos obsequios institucionales que la Presidencia del Gobierno cedió al Estado en 2012. Del monarca saudí constan un reloj de sobremesa con esmeraldas, fechado el 19 de junio de 2007, y una escena del desierto en oro y plata de 2008. Las joyas de 1,3 millones halladas en el despacho del expresidente no aparecen.
La Subdirección General del Patrimonio del Estado ha remitido a la Audiencia Nacional el documento que el juez José Luis Calama le reclamó con un plazo de dos días: el acta del 1 de marzo de 2012 por la que la Presidencia del Gobierno entregó al Estado los regalos institucionales recibidos durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011), junto con las dos órdenes ministeriales que la sustentan.
En ese inventario, de 31 páginas y más de cuatrocientas entradas, no figura ninguna de las joyas —tres aderezos con diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, tasados provisionalmente en 1.323.915 euros— que los agentes encontraron el pasado 19 de mayo en la caja fuerte del despacho del expresidente, en la calle Ferraz.
El magistrado, titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, incorporó hoy la documentación a la causa mediante una providencia a la que ha tenido acceso este diario. Lo hace dentro de la pieza separada 4/2026, desgajada de las diligencias previas 77/2024 —el caso Plus Ultra— para investigar a Zapatero por presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. La providencia ordena dar copia al Ministerio Fiscal y al resto de las partes.
El acta sí documenta los obsequios de la Casa Real saudí. El más relevante para la investigación es un «reloj de sobremesa dorado con esmeraldas», entregado por «Abdullah Ben Abdulazid Al Saud, S. M. el Rey de Arabia Saudí» y fechado el 19 de junio de 2007. Ese día, La Moncloa recibió al monarca durante su visita de Estado a España.
Una segunda entrada de la misma fecha describe un «reloj de sobremesa dorado con esmeraldas y dos caballos», aunque en este caso sin donante consignado. Junto a ella, otra pieza figura sin datos de origen ni fecha: «dos palmeras doradas con el tronco plateado, un caballo dorado y un reloj».
La relación incluye otros dos regalos saudíes:
Es justamente en 2007, y en aquella visita, donde Zapatero sitúa la entrega de las joyas. En el escrito que remitió al juez en septiembre, el expresidente sostiene que fueron un regalo personal del rey Abdalá —fallecido en 2015—, que aceptó por «deferencia» hacia la monarquía saudí. El acta acredita que los regalos de ese día que el monarca hizo a la Presidencia se inventariaron y pasaron al Estado. Las joyas, no.
El expediente lo inició la Subsecretaría de la Presidencia, que pidió integrar los bienes en el patrimonio estatal «dado su indudable carácter ornamental». Se resolvió ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, en tres pasos:
El anexo es un catálogo de la diplomacia de aquellos años. Dmitri Medvédev aparece con una botella de vodka decorada y un machete con funda de piel (2008). Barack Obama, con un adorno de Navidad de la Casa Blanca (2009). Hugo Chávez, con una figura de latón del Quijote (2005). Kofi Annan, con una caja de cristal de Tiffany & Co. (2006).
Hay también piezas de metales nobles. Carlos Slim regaló una escultura de plata de un águila (2004); el emir de Qatar, un pie de madera con gacelas bajo árboles de oro y plata (2011); el presidente yemení Ali Abdalá Saleh, una cimitarra de plata (2008). Una empresa de consultoría entregó la reproducción de un billete de 500 euros en lámina de oro.
No todo está identificado. Decenas de entradas figuran con la mención «no hay datos» en el donante, el país o la fecha.
El requerimiento salió del juzgado el viernes 23 de octubre, firmado por la letrada de la Administración de Justicia Ana Isabel Meras Santiago. En el encabezado figuran la Fiscalía Especial Anticorrupción y, como investigado, José Luis Rodríguez Zapatero. Pedía la copia del acta «a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de dos días», y adjuntaba ya el documento del 1 de marzo de 2012 para su cotejo.
Responde el propio Bernardino Pérez Crespo, el subdirector general que firmó aquella acta hace catorce años y que sigue al frente del área.
Su oficio lleva fecha del lunes 26 de octubre. Al día siguiente, a las 8:23, Hacienda registró una «corrección» de ese envío por el sistema de intercambio de registros, con el acta y las dos órdenes ministeriales con sus anexos.
Calama dictó la providencia de incorporación ese mismo martes. Los documentos se integraron en el expediente judicial electrónico como acontecimientos 321 a 325 y se notificaron por LexNET a las partes con carácter urgente. Cabe recurso de reforma en tres días.
El acta se convierte ahora en la prueba central de la nueva acusación que plantea la Fiscalía. El 23 de octubre, Anticorrupción pidió al juez que investigue también a Zapatero por malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), «de ser cierta su versión». Fue esa petición la que llevó a Calama a reclamar el documento a Patrimonio.
El razonamiento del Ministerio Público es que, si las joyas fueron un regalo institucional, eran patrimonio público y debían entregarse al Estado.
El Código de Buen Gobierno, aprobado en 2005 por el propio Gobierno de Zapatero, ya obligaba a rechazar los regalos que fueran más allá de los usos de cortesía y a incorporar al patrimonio estatal los de mayor significación institucional.
La fecha del acta es decisiva para la prescripción. La defensa sostiene que la malversación estaría prescrita al contarse desde 2007 y que el contrabando decae porque las joyas se recibieron en La Moncloa.
La Fiscalía replica que el delito se consumó cuando el expresidente no las entregó al cerrar su mandato y que, por su valor, el plazo es de 15 años. El acta de marzo de 2012 es la constancia documental de esa no entrega.
La pieza separada se abrió en junio, tras el registro del 19 de mayo.
El juez vio entonces indicios de delito fiscal, por una posible cuota defraudada superior a 120.000 euros, y de contrabando, por la tenencia de bienes de más de 1,3 millones sin justificantes de importación. En la causa principal del caso Plus Ultra, Zapatero está investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental.
Zapatero escribió a la Corte Real saudí en junio y a la embajadora saudí en agosto para que corroboraran su relato.
No consta que haya llegado respuesta. El juez debe pronunciarse ahora sobre la petición de ampliar la investigación a la malversación.
La relación completa de los regalos. Reproducción íntegra de las 31 páginas del anexo al acta del 1 de marzo de 2012, remitida por la Subdirección General del Patrimonio del Estado al Tribunal Central de Instancia.