El acoso moral en la administración de justicia

«El abuso de poder es la confesión más clara de la debilidad moral de quien lo ejerce.» – Dr. Crisanto Gregorio León

El acoso moral o mobbing en el ámbito de la justicia representa una de las formas más perversas de degradación humana, pues ocurre precisamente allí donde el ciudadano debería encontrar amparo, equilibrio y la salvaguarda de sus derechos fundamentales. Esta práctica no se limita al maltrato físico —fácilmente detectable y sancionable—, sino que se manifiesta a través de un asedio psicológico sistemático, sutil, recurrente y devastador, destinado a anular la resistencia de la víctima, socavar su autoestima y quebrar su voluntad. En las instituciones judiciales, este hostigamiento suele disfrazarse bajo el manto de la «exigencia profesional», el «rigor técnico» o la «disciplina interna», permitiendo que el acosador utilice la estructura jerárquica y el presupuesto legal para destruir la integridad moral de sus subordinados o de los propios administrados, sin dejar huellas visibles de inmediato en el cuerpo, pero lacerando profundamente el alma y la carrera del afectado.

Es evidente que existe una ilación entre la personalidad narcisista y psicopática del maltratador institucional y el uso retorcido de las herramientas procesales para el castigo personal. El acosador investido de autoridad no busca la justicia ni la eficiencia del servicio; su objetivo último es el sometimiento absoluto y la aniquilación del otro como sujeto de derechos. Para lograr esta degradación, el victimario recurre a una panoplia de tácticas oscuras y cobardes: la manipulación malintencionada de expedientes para inducir al error, la sobrecarga selectiva de tareas imposibles de cumplir en tiempos humanos, el aislamiento profesional mediante la «ley del hielo» y la descalificación pública bajo un lenguaje técnico impregnado de veneno. Bajo esta dinámica, el derecho se desvirtúa por completo y se convierte en un instrumento de tortura blanca, donde el silencio cómplice de los testigos, el temor de los pares y la complacencia —por acción u omisión— de los superiores jerárquicos actúan como catalizadores de una injusticia que se alimenta del miedo y la impunidad.

Esta patología se agrava cuando el victimario, embriagado por la omnipotencia de su cargo y la falsa creencia de una inmunidad eterna, llega a convencerse de que su voluntad caprichosa está por encima de la dignidad humana y de los tratados internacionales de derechos humanos. La erradicación de estas conductas exige una vigilancia ética y una contraloría social que trascienda la simple revisión superficial de procedimientos administrativos. No basta con sancionar la falta cuando el daño ya es irreversible; es imperativo identificar preventivamente la raíz del mal: esa carencia ontológica de carácter que obliga al funcionario a convertir su despacho en un feudo de terror psicológico para reafirmar su propia existencia vacía de valores.

La salud de la democracia y la confianza en el sistema de justicia dependen de que sus tribunales y fiscalías sean espacios de respeto sagrado y no campos de batalla para el ego desbocado de quienes han olvidado que la justicia debe ser, ante todo, un ejercicio sublime de humanidad, rectitud y compasión. El sistema no puede seguir siendo el refugio de verdugos con toga o sello oficial; debe ser el templo donde la verdad se abra paso por encima de cualquier patología de mando.

«No hay tiranía más insoportable que la que se ejerce en nombre de la virtud o de la ley.» Edmund Burke

Dr. Crisanto Gregorio León – Profesor Universitario