El abogado de la mujer que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado que la víctima se ha sentido «decepcionada» y ha expresado su confianza en que el ministro Fernando Grande-Marlaska «la proteja adecuadamente».
Según el abogado, la víctima «se ha sentido decepcionada» porque «lo que esperaba es que el ministro cesara a esta persona». José Ángel González presentó su dimisión en la tarde del martes tras haber sido citado como investigado por un supuesta agresión sexual cometida contra su subordinada.
Lo que sí ha admitido el abogado es el buen trato recibido por parte de subdirectora general de la Policía, Gemma Barraso, hacia la víctima: «La trataron bien, con tacto A partir de ahí iremos viendo que protección hace el ministerio que ha sido lo que yo le he pedido, espero que este ministro la proteja adecuadamente», ha añadido Piedrafita.
En una entevista en Aragón Radio, recogida por Europa Press, el abogado ha confirmado que no informaron del caso al Ministerio del Interior hasta este mismo martes, tal y como ha afirmado el ministro, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que les están llegando «rumores» de que este no sea «un hecho aislado» y de la posibilidad de que haya otras mujeres víctimas, a las que ha pedido «que sean valientes».
Según ha indicado, la víctima se encuentra «muy mal», especialmente tras hacerse pública la denuncia. «Si ya estaba mal, con todo este tsunami mediático, la repercusión que ha tenido y los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad y sobre cosas que no vienen al caso, ella y su entorno están sufriendo cada vez más».
En concreto, la denuncia la presentaron el pasado 9 de enero en los juzgados de plaza de Castilla y, desde entonces, «ha seguido su circuito» hasta que ha llegado al juez de violencia contra la mujer. «Yo ya desconozco si desde que esto entró en el juzgado el ministro podía haberlo sabido o no haberlo sabido», ha subrayado, a lo que ha sumado que los juzgados están «como un auténtico campo de guerra, con desorganización, ineficiencia y falta de medios» debido a la Ley Bolaños.
El letrado ha señalado que los hechos que se denuncian sucedieron el 23 de abril, que es cuando la víctima estaba prestando sus servicios como agente de Policía y recibió la orden del DAO de que acudiese al lugar donde estaba comiendo, lo llevara a su residencia oficial y, a continuación, le manda subir «porque tenía que hablar con ella de una cuestión que no puede escucharse en vía pública». Es ya dentro del domicilio cuando el jefe policial «intenta forzarla» de distintas maneras, también «violentamente, rasgándole la ropa».
Asimismo, ha agregado que, incluso después de que esta agente consiguiera zafarse y huir del lugar, tras «bastantes minutos de forcejeo y de resistencia», el presunto agresor la sigue «presionando» y «recriminando su actitud», por medio también de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan.
«Sigue la presión y, para que sobre todo ella no denuncie, se le llega a ofrecer que pida el destino que quiera en la Policía«, ha explicado Piedrafita, quien ha afirmado que es en este momento cuando «la víctima explota psicológicamente», «tiene que ser atendida» y, de hecho, sigue aún en un «proceso de recuperación».
Cuando la víctima «reúne un poco más de fuerzas y se siente mejor», es cuando el equipo jurídico se pone a trabajar en el caso durante «muchos meses» y «con discreción», con el objetivo de «armar una buena querella que fuera directamente al juzgado sin interferencias policiales, para dejarla admitida como así ha sido».