Educación inclusiva en duda: denuncian falta de recursos seis años después de la LOMLOE

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad alerta de que el modelo educativo carece de financiación suficiente y pone en riesgo la atención al alumnado con mayores necesidades

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad (CEDDD) ha denunciado que la aplicación de la Ley de Educación (LOMLOE) ha impulsado un cambio estructural del sistema educativo sin la inversión ni la planificación necesarias, lo que estaría generando incertidumbre entre las familias, tensión en los centros educativos y un riesgo de desatención para el alumnado con mayores necesidades de apoyo.

Seis años después de la aprobación de la norma, la entidad advierte de que el modelo de educación inclusiva todavía no cuenta con los recursos suficientes para convertirse en una realidad efectiva.

Desde el CEDDD subrayan que el problema no reside en el objetivo de la inclusión, ampliamente compartido, sino en la forma en que se está aplicando. La vicepresidenta de la organización, Mar Ugarte, sostiene que la inclusión se está planteando en muchos casos como un traslado físico del alumnado a centros ordinarios, sin que exista una adaptación real del sistema educativo.

“Sin recursos suficientes, la inclusión no es inclusión, es una declaración de intenciones”, afirma Ugarte.

La entidad recuerda que la LOMLOE apuesta por priorizar la escolarización en centros ordinarios y transformar los centros de educación especial en centros de referencia y apoyo. Sin embargo, advierte de que este enfoque puede invisibilizar el papel que siguen desempeñando estos centros, donde muchos alumnos reciben una atención especializada adaptada a sus necesidades.

El CEDDD también denuncia un desequilibrio entre el aumento de necesidades educativas y la financiación disponible. Según datos sindicales citados por la organización, el alumnado que requiere apoyo educativo ha crecido más de un 75%, mientras que la inversión solo ha aumentado un 26%.

A su juicio, esto obliga a los centros ordinarios a asumir más responsabilidades con prácticamente los mismos recursos, algo que consideran inviable. Entre las medidas necesarias señalan la formación específica del profesorado, la reducción de ratios y el incremento de apoyos educativos.

Asimismo, la organización advierte de que muchas familias están afrontando un coste económico y emocional creciente ante la falta de respuestas adecuadas por parte del sistema educativo.

En este contexto, el CEDDD reclama que el debate político sobre la ley abandone la confrontación entre modelos educativos y se centre en garantizar una respuesta personalizada para cada alumno.

“La inclusión real no se decreta, se construye. Y solo será posible si viene acompañada de inversión suficiente y de un compromiso firme con todo el sistema educativo”, concluye la entidad.