El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha admitido un problema serio en su programa de cribado de cáncer de mama. Más de 2.000 mujeres en Andalucía no recibieron a tiempo información sobre los resultados de sus mamografías. La mayoría de los casos se concentran en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.
El asunto se ha convertido en un escándalo que no para de crecer y ha puesto contra las cuerdas al gobierno del ‘popular’ Juanma Moreno Bonilla. La bronca entre los partidos políticos se ha apoderado de la agenda en la comunidad a medida que se conocen los fallos del sistema sanitario, que no ha comunicado los resultados de las pruebas.
Se estima que de las miles de pruebas realizadas en el cribado alrededor del 2% de los casos podían presentar tumores malignos que no han sido notificados para tratamiento y seguimiento.
La Consejería de Salud reconoce que se ha producido un “fallo de gestión”. Aunque las autoridades insisten en que, según la estadística, solo un 2% de esas pruebas dudosas acaba en un diagnóstico maligno, el retraso ha generado preocupación y desconfianza. El SAS ha activado un plan urgente: cada mujer afectada recibirá una llamada telefónica para conocer el estado de su prueba y los pasos a seguir.
El anuncio llega después de que varios medios sacaran a la luz testimonios de pacientes que llevaban meses, e incluso años, esperando una respuesta. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se ha visto obligado a pedir disculpas públicamente.
Una de esas mujeres es Lola C., de 43 años. Se hizo una mamografía en 2023, pero nadie le notificó el resultado. Fue su médico de cabecera quien decidió revisar la prueba y detectó un cáncer. Hoy, Lola se recupera de una operación y de un tratamiento de quimioterapia. “Nadie me notificó nada, tuve que moverme por mi cuenta”, cuenta. Su caso refleja lo que ha fallado: la comunicación entre el sistema y las pacientes, según ha publicado El Correo.
El impacto social ha sido inmediato. Asociaciones como Amama, que reúne a mujeres con cáncer de mama, estudian emprender acciones legales colectivas por los retrasos. Consideran que no se trata de un fallo puntual, sino de un problema estructural.
La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha prometido revisar todas las mamografías realizadas en los últimos tres años. Su objetivo es aclarar qué ha pasado y recuperar la confianza de la ciudadanía. Además, se ha puesto en marcha un buzón de información para atender a mujeres que se sientan inseguras tras sus pruebas.
Desde la Consejería insisten en que las afectadas tendrán un circuito preferente. También se pide a las asociaciones que ayuden a localizar a quienes aún no han sido informadas. El compromiso, dicen, es que ninguna mujer quede fuera del sistema.
El caso ha destapado la fragilidad de un programa que, en teoría, debía garantizar la detección precoz del cáncer de mama. Una grieta que ha generado incertidumbre en miles de mujeres. Ahora, la Junta se enfrenta a un reto mayor: reparar la confianza perdida y asegurar que un retraso así no vuelva a repetirse.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido su «seria preocupación» por la situación de las mamografías pendientes en Andalucía, que no considera «un fallo puntual», sino un problema estructural derivado de la falta de inversión y de la externalización de servicios.
«La base piramidal de este problema es un fallo ideológico del Partido Popular, que no va a invertir, no va a poner recursos y va a hacer todo lo posible para que nuestra sanidad sea un negocio», ha señalado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.
«Esto no es un fallo puntual, es un fallo estructural», ha firmado tajante, señalando que «es inadmisible que una administración falle justo en la detección y diagnóstico de estos cánceres».
En su opinión esta situación es «la punta de un iceberg», y por debajo lo que «hay es una falta de confianza en el sistema público, una de las menores inversiones en sanidad del territorio y una intención que tiene el Partido Popular de la privatización del sistema sanitario», ha reiterado.
Preguntada por posibles acciones legales, la ministra ha señalado que actualmente existe un «litigio político» sobre las listas de espera que «a día de hoy son opacas». Por este motivo, desde el Ministerio de Sanidad se está «trabajando para dar transparencia y trazabilidad a las listas de espera, tanto de las pruebas diagnósticas, como de las consultas, como de las intervenciones quirúrgicas».
Ante el desconocimiento de lo que ocurre en las Comunidades Autónomas al tener las competencias transferidas, anteriormente la ministra ha explicado que es «necesario» que se «blinde» la sanidad pública y, para ello, lleva adelante el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo es que «se blinde la sanidad pública frente a estas privatizaciones y a estas externalizaciones que ya hemos visto una vez más que tienen efectos negativos, incluso negligentes, sobre las pacientes».
Por otro lado, ha hecho una mención a la situación de Andalucía y la Comunidad de Madrid, ya que «son de las comunidades que menos invierten por habitante en la sanidad pública». «Son las comunidades que menos creen en su sanidad pública y, por lo tanto, menos creen en estos programas de prevención que son la piedra angular de nuestro sistema», ha advertido.
«El lacito rosa tiene que ver con no privatizar nuestro sistema sanitario. El lacito rosa tiene que ver con invertir en nuestro sistema sanitario y el lacito rosa tiene que ver con defender nuestro sistema público», les ha recordado.