Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, apoyada por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Albacete y Cuenca, ha permitido auxiliar a más de 300 inmigrantes en situación irregular que eran explotados por una organización criminal. La operación, denominada Franciskan-Everest, se ha saldado con 11 detenidos y dos investigados, además de 322 personas auxiliadas, de las cuales 294 carecían de documentación regular.
La red empleaba a estas personas en fincas agrícolas repartidas por ocho provincias españolas, sometiéndolas a condiciones extremas. Uno de los sucesos más graves de la investigación es la muerte de un trabajador nepalí durante uno de los traslados a las fincas, realizados en vehículos que no reunían las mínimas medidas de seguridad.
El Juzgado de Instrucción de La Roda ha asumido el caso y ha ordenado prisión provisional sin fianza para seis de los detenidos, mientras la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones. La organización captaba a inmigrantes que llegaban con visados de turista al espacio Schengen y los distribuía por distintas zonas agrícolas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad para vulnerar sus derechos laborales.
Una parte clave de la estructura criminal operaba en Villalgordo del Júcar, donde los trabajadores eran alojados en condiciones descritas como “indignas e inhumanas”: colchones en el suelo, falta de ventilación, escasos aseos y ausencia total de higiene. Desde allí eran trasladados diariamente a las fincas en furgonetas en mal estado, lo que provocó varios accidentes de tráfico, incluido el siniestro mortal del trabajador nepalí.
Las víctimas sufrían jornadas laborales de hasta 12 horas, comisiones abusivas por transporte y alojamiento, e incluso pagos en forma de comida en lugar de salario. Durante los registros realizados en la fase final de la operación se incautaron vehículos, dinero en efectivo, documentación fraudulenta, material informático y contabilidad clandestina, además de bloquearse varias cuentas bancarias vinculadas a la red.
Finalmente, las fuerzas de seguridad han trabajado para restablecer la situación social de las víctimas, con apoyo de la Embajada de Nepal, asociaciones comunitarias y Cruz Roja, que ha proporcionado alimentos, abrigo y alojamiento alternativo. La Subdelegación del Gobierno en Albacete continúa colaborando en la regularización de los afectados y en su reubicación, mientras se siguen tomando declaraciones para esclarecer si existen más delitos relacionados con la red.