Hoy: 27 de febrero de 2025
Una familia con un hijo de siete años con parálisis cerebral ha sido desalojada este miércoles en Alicante, a pesar de contar con un informe que acredita su vulnerabilidad y no tener otra opción de alojamiento.
Vecinos y miembros del Sindicat de Barri de Carolines intentaron detener el desalojo sin éxito y, una vez ejecutado, se dirigieron a acampar frente a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante. Finalmente, el Ayuntamiento ofreció una solución temporal de un piso compartido durante un mes.
El desalojo tuvo lugar en una vivienda ubicada en Pasaje Artesanía número 4 de Alicante, donde decenas de personas se concentraron para intentar impedirlo.
Daniel Martínez, miembro del Sindicat, ha explicado a Europa Press que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad, «sin ingresos apenas» y con un hijo de 7 años «con un 95% de discapacidad», ya que padece una grave enfermedad, llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene postrado en un silla de ruedas y le hace necesario asistir al Centro de Educación Especial el Santo Ángel de la Guarda en Alicante.
Al llevarse a cabo el desahucio, el Sindicat ha movilizado a las personas allí concentradas para acampar frente a la Concejalía de Bienestar Social de Alicante, tras lo que han conseguido reunirse con la edil del área, Begoña León, quien ha ofrecido a la familia una noche de albergue y a partir de este jueves un piso compartido durante un mes.
«Se han sacado esta solución por la presión que estamos ejerciendo y porque es una vergüenza dejar en la calle a personas con vulnerabilidad. Es una solución temporal, sin estar la vivienda adaptada a las necesidades de la infancia, únicamente para poder calmar las aguas», ha lamentado Martínez.
No obstante, ha afirmado que esta solución temporal, que ha considerado que es «una manera de lavarse las manos» del consistorio, da más tiempo al Sindicat para organizarse, pero ha recalcado que esta resolución «solo ha sido posible gracias a la lucha».
Martínez ha censurado que existe un «abandono sistemático» por parte de las instituciones, porque «además de crecer los desahucios, también aumentan las trabas burocráticas para conseguir un informe de vulnerabilidad o el reconocimiento por parte de Servicios Sociales de la vulnerabilidad de la familia», al tiempo que ha denunciado que «las instituciones están llegando tarde».