La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado el domingo la agresión a dos enfermeras en el Hospital Universitario de Ceuta, ocurrida mientras atendían a un enfermo. Según la organización, el ataque llegó cuatro días después de retirar el puesto fijo de militares del centro.
La Policía Nacional tuvo que intervenir para auxiliar a las sanitarias, que presentarán una denuncia contra el agresor. El sindicato ha activado su protocolo ante agresiones y les ofrece apoyo psicológico y asistencia jurídica.
La organización vincula lo sucedido con la decisión de Defensa de retirar el 28 de octubre a los militares que vigilaban la puerta del hospital. La califica de «precipitada e irresponsable» y sostiene que su presencia disuadía los altercados.
Fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria confirmaron además otra reyerta en el centro. Según relataron, la protagonizó un inmigrante que debía ir al Centro de Atención Temporal de Extranjeros y que empezó a autolesionarse.
Antes de la agresión, el Sindicato de Enfermería ya había advertido de los riesgos. Consideró «inaceptable» que los militares recibieran la orden de volver al cuartel sin otro dispositivo de seguridad que los sustituyera.
Este sindicato asegura que la orden es expresa y no temporal, y que afecta a todas las instalaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Reclama que los militares regresen a los dos servicios de urgencias, el del hospital y el de atención primaria.
La denuncia coincide con otros incidentes de la mañana del miércoles en las urgencias del hospital. El sindicato los describió como una «feria de agresiones». Varios policías sufrieron ataques, entre ellos uno que recibió una mordedura de un inmigrante trasladado como detenido.
Interior ha replegado a tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y a dos unidades antidisturbios de la Policía Nacional, que han vuelto a la península. En total, 160 policías nacionales y 210 guardias civiles han dejado las calles de Ceuta. El departamento atribuye el cambio a «razones operativas» para adaptar el dispositivo.
La presencia militar también ha bajado desde el desmantelamiento de grandes asentamientos, como los de las naves de El Tarajal y la playa de El Trampolín. Las batidas diarias han sustituido a los grandes despliegues policiales.
La Asociación de Tropa y Marinería Española comparte la preocupación por el ritmo de la retirada. Aunque admite que la situación debe normalizarse, critica que la desescalada sea «drástica» y asegura que ya no hay patrullas nocturnas.
La Asociación Unificada de Militares Españoles, en cambio, celebra el regreso a la normalidad y destaca el alivio emocional tras la sobrecarga de trabajo desde finales de julio. Ambas lamentan que los militares no tengan la condición de agentes de la autoridad.
La primera denuncia además que los policías nacionales perciben 100 euros adicionales por día, mientras que la petición de una compensación similar para las Fuerzas Armadas «quedó en nada».
La crisis migratoria no ha terminado, siguen los campamentos y hay personas que reclaman acogida, entre ellas menores. El ministro del Interior anunció el 16 de octubre que el Gobierno intensificará los trámites de devolución y protección internacional, con hasta 100 expedientes diarios.