Decenas de miles de personas han salido a las calles de Budapest para participar en el 30º Desfile del Orgullo, y han desafiado por completo las advertencias del gobierno húngaro y las amenazas de consecuencias legales lanzadas por el primer ministro Viktor Orbán. A pesar de la tensión en el ambiente, el evento transcurrió en un tono festivo y sin incidentes graves.
📺 #ULTIMAHORA || Miles de personas desbordan las calles de Budapest durante la Marcha del Orgullo prohibida por Orban.
— maria LAtatus 💫 (@maria_latatus) June 28, 2025
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La celebración estuvo rodeada de manifestaciones contrarias por parte de grupos conservadores y de extrema derecha, que denunciaron la «propaganda LGTBI» y aseguraron estar defendiendo la «protección de la infancia». Sin embargo, la presión social e institucional no impidió que miles de personas se unieran a la marcha para defender los derechos del colectivo. De hecho, las organizaciones convocantes anunciaron una participación récord.
Por su parte, la Policía justificó la prohibición del desfile basándose en una nueva legislación sobre protección de menores, que limita actividades públicas que «promuevan la homosexualidad». Aunque Orbán aseguró que no se permitiría el uso de la violencia, advirtió sobre posibles sanciones legales para los participantes del evento.
Hoy el Orgullo en Budapest cumple 30 años. Pero era el aniversario más difícil. Y el más importante. Porque el gobierno lo ha prohibido y, a pesar de eso, hemos salido a las calles. Miles de personas húngaras y de más de 70 países gritamos al unísono: #LetPrideMarch! pic.twitter.com/5a0p0vjcWS
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) June 28, 2025
En una entrevista radial, Orbán arremetió contra el alcalde opositor de Budapest, Gergely Karácsony, acusándolo de mantener la ciudad en el caos y al borde de la bancarrota. También reiteró su discurso habitual sobre la prioridad del “derecho a la protección de los niños” por encima de otros derechos fundamentales.
A nivel internacional, el gobierno húngaro ha sido criticado por estas políticas, pero Orbán insiste en que Hungría es “un país civilizado” donde existe libertad de reunión y expresión. Sin embargo, las sanciones previstas para los asistentes incluyen multas de hasta 500 euros y el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los participantes. Los organizadores podrían enfrentarse incluso a penas de prisión de hasta un año.
Pese a estas amenazas, la marcha contó con una notable presencia de representantes internacionales, como la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, eurodiputados de varios países y figuras políticas españolas como Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, en un gesto de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ y de rechazo a las restricciones impuestas por el gobierno de Orbán.