Greenpeace denuncia que más de 2,7 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación, que ocupan más de 26.000 kilómetros en España. De ellas, 700.000 habitan en las zonas de mayor riesgo. Además, se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios tres meses después de la Dana que impactó gravemente en Valencia.
En el estudio, dado a conocer un trimestre después de esta catástrofe, la ONG ha pedido a las administraciones que desarrollen estrategias y medidas de mitigación y adaptación y ha recordado que la región mediterránea es especialmente vulnerable a los eventos de precipitaciones extremas debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos en la zona.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado en su informe Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas, publicado este miércoles.
Así, ha insistido en que las administraciones implementen normas para reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y que hagan que las corporaciones de combustibles fósiles asuman los costes de las indemnizaciones por inundaciones al ser los «principales causantes del cambio climático».
A su vez, les ha instado a revisar los protocolos y los sistemas de alerta temprana para adaptarlos a la nueva situación provocada por el cambio climático y a elaborar los planes autonómicos y municipales de prevención y adaptación con «una visión conjunta» de los distintos riesgos climáticos. A su parecer, éstos tendrían que reunir las medidas de adaptación de los distintos ámbitos, priorizar aquellas basadas en la naturaleza y poner el foco sobre los colectivos vulnerables.