La producción de arroz en Cuba atraviesa una grave crisis que afecta directamente la dieta de los ciudadanos. Actualmente, el precio de este cereal supera los 200 pesos y su disponibilidad en el mercado es limitada. Según Orlando Linares Morell, presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura (Minag), la falta de insumos y combustible ha sido un problema persistente en los últimos años.
En 2024, la producción de arroz alcanzó solo un 30% de lo obtenido en 2018, lo que obligó a excluir este alimento del balance nacional para la canasta familiar normada. Aunque el gobierno asegura que el descenso se ha detenido, los volúmenes de producción siguen siendo insuficientes.
Este año, se sembraron 79.000 hectáreas, poco más de la mitad de las plantadas en 2018, y se lograron solo 80.000 toneladas de arroz de consumo, menos de la tercera parte de la producción de hace seis años. Para enfrentar la crisis, el gobierno mantiene proyectos de cooperación con Vietnam y China con el objetivo de reimpulsar el cultivo.
La situación se agravó aún más cuando, el 10 de marzo, el Consejo de Ministros de Cuba fijó los precios minoristas del arroz y los frijoles en todos los establecimientos estatales, argumentando que eran productos esenciales cuyo costo estaba fuera del alcance del ciudadano promedio. Como consecuencia, el arroz desapareció del mercado, dejando a los consumidores desprotegidos.
Días después de la regulación de precios, en mercados como el de Santiago de las Vegas, en La Habana, el arroz ya no estaba disponible en las tarimas. Mientras tanto, los frijoles, aunque escasos, se vendían a los precios establecidos por el gobierno.
El descontento entre la población crece ante la escasez de arroz, obligando a muchos a recurrir a las MIPYMES, donde los precios son aún más altos que en los mercados agropecuarios.
El 11 de marzo, el periódico Juventud Rebelde publicó un llamado de las autoridades a los gobiernos locales para reforzar los controles y garantizar el cumplimiento de los precios establecidos.
«Lo más alarmante del referido llamamiento es que no solo se toma en cuenta la labor de los inspectores de precios, sino que además se conmina a la población a que denuncie los casos de establecimientos en que se viole lo establecido en materia de precios», señaló Diario de Cuba.