Asociaciones de jueces y fiscales amenazan con más huelgas

Comunican que se desplazarán la semana que viene a Estrasburgo para reunirse con representes de las instituciones europeas

Tras una semana de huelga cotra la nueva reforma del gobierno en el acceso a las jueces y fiscales, todas las as asociaciones de jueces y fiscales menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) han amenazado este viernes con convocar más jornadas de protesta «si la situación persiste sin cambios sustanciales».

Así lo han avanzado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) un día después del fin de la huelga de tres días, en un comunicado recogido por Europa Press.

«Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento», han avisado.

Reuniones en Estrasburbgo

A la vez, han comunicado se celebrarán reuniones con representantes de la Comisión y el Parlamento europeos para las que 5 asociaciones viajarán a Estrasbrugo.

«Estas gestiones se enmarcan en nuestra interlocución con las instituciones europeas, a quienes trasladaremos nuestra preocupación por la regresión en la independencia judicial, apelando a la jurisprudencia del TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea», han indicado.

Las huelgas

Por otro lado, las asociaciones reiteran sus «disculpas» por «los perjuicios que estas movilizaciones hayan podido causar» y su «profundo agradecimiento por la comprensión, el respeto y el respaldo recibido» respecto a la huelga de esta semana.

«Esta movilización no ha sido corporativa, sino institucional. Nuestra causa no es otra que la defensa de una Justicia independiente, imparcial, profesional y al servicio de la ciudadanía», añaden.

Una huelga «histórica»

En el comunicado, las asociaciones califican la huelga como «histórica» y aseguran que tuvo un seguimiento del 70 %, lo que, a su juicio, demuestra la gravedad de las reformas legislativas actualmente en tramitación. Sostienen que nunca antes se había producido una movilización de tal magnitud en el ámbito judicial durante el periodo democrático.

Recuerdan que esta huelga fue precedida por una serie de actuaciones que marcaron el camino hacia la protesta general. Entre ellas, destacan el paro simbólico de 10 minutos realizado el pasado 11 de junio, que califican como una respuesta coordinada y masiva frente a iniciativas legislativas que —denuncian— ponen en riesgo principios fundamentales como la independencia del poder judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y los criterios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en la Constitución.

Ese mismo día, en todo el territorio nacional, se leyó simultáneamente un manifiesto en defensa no solo de los derechos y funciones de jueces y fiscales, sino también de los opositores que ven cómo se debilita el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, desplazando la excelencia y el esfuerzo en favor de vías excepcionales.

El comunicado también menciona la multitudinaria concentración celebrada el 28 de junio frente al Tribunal Supremo, a la que asistieron más de 10.000 personas —entre jueces, fiscales y ciudadanos— y que consideran una de las mayores expresiones institucionales en defensa del poder judicial en la historia reciente.

Críticas al Gobierno

Las asociaciones denuncian que el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad real de diálogo, siendo muy inflexible. Además, critican que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado enmiendas al proyecto de ley que, según explican, intensifican aún más la vulneración de los principios constitucionales antes mencionados, comprometiendo seriamente la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.

Entre las medidas más cuestionadas, destacan la creación de un proceso extraordinario de estabilización para el acceso a 1.004 plazas en las carreras judicial y fiscal. Este proceso, basado en un sistema de concurso-oposición, es calificado por las asociaciones como arbitrario y carente de exigencia, ya que permitiría el ingreso de profesionales interinos ajenos al sistema ordinario de acceso, mediante criterios que —según advierten— responden a una interpretación errónea de las directrices europeas.

También rechazan otras disposiciones incluidas en la reforma legal, como la introducción de jueces y fiscales sustitutos mediante un examen específico, la reducción de los estándares de excelencia en los procesos selectivos, la atribución al Centro de Estudios Jurídicos de la preparación de opositores, y la limitación de la financiación de las propias asociaciones judiciales y fiscales, lo que, a su juicio, debilita su capacidad de actuación y representación.