El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales de música tras detectar varias prácticas que considera contrarias a los derechos de los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, concluye que la promotora cometió cuatro infracciones graves al aplicar condiciones que perjudicaban a los asistentes durante la celebración de sus eventos.
Entre las irregularidades detectadas figura la prohibición de acceder al recinto con comida o bebida adquirida en el exterior, además de los registros a los asistentes y las limitaciones para abandonar y volver a entrar al festival. En algunos casos, quienes querían salir y regresar al recinto debían pagar un suplemento adicional al precio de la entrada para poder hacerlo.
La investigación también señala problemas relacionados con el sistema de pago implantado por la empresa dentro de los festivales. Según Consumo, la organización restringía el plazo para solicitar la devolución del dinero no utilizado, cobraba gastos de gestión por ese reembolso e incluso retenía las cantidades inferiores a dos euros.
A ello se suma el cobro de gastos de gestión en la venta de entradas que, según el Ministerio, no respondían a un servicio real prestado al comprador. Además de la sanción económica, la empresa deberá eliminar estas cláusulas y adaptar sus condiciones de contratación. El expediente se inició tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción y concluye con la obligación de corregir las prácticas consideradas abusivas.