Cerca de 12 millones de familias en España conviven con algún tipo de discapacidad y siguen a la espera de la reforma de la ley

El próximo hito legislativo tendrá lugar el 11 de diciembre, con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV

En España, alrededor de 12 millones de familias conviven con alguna persona con discapacidad, como ha recordado Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el responsable expresó su deseo de que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales “concite un amplio apoyo parlamentario”.

Martín Blanco señaló que la intención del Gobierno es que la reforma coseche un consenso similar al logrado con la modificación del artículo 49 de la Constitución. Asegura que se trata de un proyecto legislativo “muy transformador”, elaborado junto a las organizaciones representativas del colectivo y orientado a convertir los mandatos constitucionales en medidas “más pragmáticas” y efectivas para la ciudadanía.

«No se entendería que los grandes partidos, y todos los partidos que apoyaron la reforma constitucional en su momento, ahora le digan que no al despliegue de este artículo 49», ha insistido. El próximo hito legislativo tendrá lugar el 11 de diciembre, con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV. Según Martín Blanco, “tendrán que explicar si el tema competencial es más importante que los intereses de las personas”.

Medidas del texto

Entre las principales medidas del texto, la reforma propone que todas las personas dependientes sean reconocidas automáticamente como personas con discapacidad; refuerza la protección de mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia; y visibiliza la diversidad interna del colectivo, incluyendo migrantes y personas LGTBI. Además, establece la obligación de garantizar accesibilidad plena en todo el sistema nacional de salud.

El proyecto también contempla avances significativos en accesibilidad universal, como un fondo estatal destinado a adaptar espacios públicos e instituciones, y la modificación de la ley de propiedad horizontal para obligar a la instalación de ascensores en los edificios. Martín Blanco recordó que “actualmente, hay 100.000 personas con discapacidad… encerradas en sus domicilios” por falta de accesibilidad adecuada.

En cuanto a la ley de dependencia, la reforma elimina incompatibilidades entre prestaciones y servicios, suprime el periodo de espera de dos años para ayudas económicas y crea un procedimiento urgente para situaciones de especial vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género. Asimismo, incluye la asistencia personal en el catálogo de servicios, un apoyo “muy empoderador” que, según el director general, no siempre se solicita por su compleja gestión.