Carta abierta a los distintos servidores de la Administración de la Justicia

José Benito Rojas

Soy un humilde jubilado que, muy orgullosamente, ha servido a la Administración de Justicia desde su puesto como Gestor Procesal y Administrativo de la Administración de Justicia (antes Oficial de la Administración de Justicia), he amado profundamente mi profesión y sigo estando muy orgulloso de todos mis compañeros de los distintos cuerpos de servidores de la Administración de Justicia (Magistrados, Jueces, Fiscales, Letrados, Gestores, Tramitadores, Auxilios, Médicos Forenses, Asistentes Sociales y personal laboral colaborador).

Siempre he sido consciente de que colaboraba con uno de los poderes fundamentales del Estado, el Poder Judicial, que es el que ejercen Jueces y Magistrados en el ejercicio de la jurisdicción; ese poder, junto con el legislativo y el ejecutivo son los que conforman el poder soberano que los ciudadanos delegan, delegamos, para que rijan el bien supremo de la convivencia ciudadana.

En el caso de la judicatura ese poder se adquiere mediante una dura oposición que ha exigido una profunda y sacrificada preparación, pero no deben olvidarse los afortunados que superan dicha durísima prueba que el poder que ostentan lo es por delegación de la soberanía popular, aunque no se sometan a mayor sufragio que el de su selección por un duro tribunal de oposiciones; esa soberanía debe estar garantizada por un profundo respeto a la delegación que ha obtenido y el ejercicio de dicho poder debe ser realizado con mesura, prudencia, profesionalidad y, sobre todo, honradez.

Todos esos principios, no me cabe ninguna duda, son ejercidos concienzudamente por todos los Jueces y Magistrados servidores de la Administración de Justicia de nuestro país y, aunque siempre ha habido opiniones que no se han sentido conformes con determinadas decisiones judiciales, afortunadamente nuestro sistema contempla un régimen de recursos a fin de resolver esos conflictos, bien confirmando o reformando la resolución judicial discutida.

Bien, ese es nuestro sistema y su funcionamiento, en mayor o menor medida, siempre ha gozado de una magnífica consideración y respeto ciudadano, pero últimamente a consecuencia de una indeseable corrupción ejercida desde cloacas interiores de ciertas instituciones del Estado y de la colaboración con un poder mediático financiado por ese otro poder que no ha sido elegido por el pueblo y que se ostenta sin control, bajo un falso amparo de libertad de expresión que debería ser mantenido y que, como el derecho que mandata nuestra constitución, se debe a lo que se denomina “información veraz”, está empañando seriamente la convivencia, con la utilización espuria de falsas informaciones que se utilizan para aniquilar al adversario político y, para ello, se cuenta con la utilización maniquea de Juzgados y Tribunales a fin de conseguir lo que por los medios que otorga la soberanía popular no se consigue.

En esa esfera, quizá por un excesivo ejercicio de la profesionalidad, han entrado Juzgados y Tribunales a realizar un trabajo de investigación que, en muchos casos, han quedado finalizados sin responsabilidad alguna por ser manifiestamente inconsistentes, eso lo ha terminado de señalar la buena profesionalidad de los Jueces y Magistrados que han llevado esas causas, si bien mientras dicho proceso se ha mantenido, se han utilizado las distintas fases procesales para mantener la sospecha sobre algo falsamente denunciado y que ha ocasionado un esfuerzo en el trabajo del Juzgado o Tribunal encargado de la tramitación de la causa, y lo más importante un daño a veces irreparable en la honorabilidad del encausado con una vulneración clara, por parte de ese sistema mediático, del principio fundamental de la presunción de inocencia.

Los encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como no puede ser de otra manera, son seres humanos con su personalidad y su ideología, a quienes se les pide un exhaustivo conocimiento del derecho para su importante labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; es difícil huir de la ideología, por ello se permite la existencia de asociaciones profesionales judiciales, mediante las cuales pueden dar su opinión colegiada respecto a las mejoras y derechos de su profesión y del bien social que se les encarga.

Lamentablemente el mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial se está vulnerando de manera consciente y partidista por uno de los grupos políticos que, en teoría, deberían velar por la buena marcha y defensa de nuestras instituciones ya que, además de ser un servicio al Estado y la convivencia serena, puede llegar el día de ser ellos los encargados de gobernar la importante misión de los destinos del país que todos defendemos, ESPAÑA.

El llamado Lawfare, no lo producen los Juzgados y Tribunales, a pesar de lo que pueda parecer, esa lamentable disfunción quienes la producen son los que, de manera maniquea y malintencionada, utilizan los Juzgados y Tribunales para conseguir fines que nada tienen que ver con la Justicia o la correcta convivencia, ello creo que produce una opinión pública que lleva a la desconfianza en el buen hacer de los encargados de la Administración de Justicia y a un descrédito de sus miembros que atienden con profesionalidad y dedicación las diferentes causas que les son encomendadas, sujetos a un procedimiento reglado que, a veces, puede resultar largo y tedioso, lo que es utilizado maniqueamente para conseguir un fin espurio y distinto a lo que denominamos justicia .

Por lo anterior creo que sería conveniente que las distintas Asociaciones Profesionales de la magistratura, así como los sindicatos que representan a los distintos trabajadores de la Administración de Justicia, debieran alzar su voz y ejercer las acciones procedentes que admite nuestro ordenamiento jurídico, instando a la urgente renovación de su órgano de gobierno, además de procurar una agilización de los trámites procesales (sin romper las garantías de un buen proceso) y luchar contra la utilización maniquea de la denuncia y la querella para fines que nada tienen que ver con la búsqueda de la justicia, instando al legislador para que mediante el ordenamiento jurídico se dicten normas que persigan de forma contundente la desinformación y la utilización interesada de los Juzgados y Tribunales para fines distintos de la justicia que todos deseamos.

La confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no debe quebrarse de ninguna de las maneras, ya que el descredito de su importante control perjudica no sólo a los servidores de esa Administración, sino también al conjunto de la ciudadanía.

Fdo.: José Benito Rojas, Gestor Procesal y Administrativo de la Administración de Justicia, jubilado