Un total de 4.000 residentes de la Cañada Real Galiana, en Madrid, incluyendo a 1.800 niñas, han pasado tres años sin acceso a electricidad, desde que los sectores V y VI se quedaron sin suministro, y ahora se preparan para enfrentar su cuarto invierno sin luz.
La presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI de la Cañada Real Galiana, Houda Akrikez, ha comentado que ya han vivido cuatro inviernos sin electricidad, calefacción ni agua caliente. “No sabemos cómo hacerle frente, lo hacemos de la mejor manera posible. Tratamos de encontrar formas de vivir en estas condiciones, y es lamentable que estemos normalizando la falta de electricidad”, dijo en declaraciones a Europa Press.
Según precisa, “no es normal que las vecinas y los vecinos después de tres años de lucha” sigan “sin ninguna solución, sin ninguna contestación”. Asimismo, denuncia que se están produciendo “derribos sin ninguna autorización y a dedo”.
Ante esta situación, piden a la Comunidad de Madrid y al Gobierno que cumplan con el pacto regional por la Cañada Real Galiana, firmado el 17 de mayo de 2017, que contempla la rehabilitación del suministro de luz. “La Comunidad y el Gobierno tienen que apostar por una vida digna para los vecinos y las vecinas, para la población madrileña, somos ciudadanos de esta región y nos merecemos ser reconocidos”, defiende.
Los realojos
Sobre los realojos, advierte de que es un tema “bastante complicado” porque, normalmente, son “procesos bastante largos y lentos”. “¿Cuánto tiempo van a tardar estos realojos y cuánto tiempo van a esperar las familias de la Cañada Real sin luz y a oscuras hasta que se cumpla el realojo?”, plantea.
La solución, a su juicio, pasa por que se den contratos a las familias, por devolverles el suministro de luz y por que haya una mesa de seguimiento. Según precisa, la mayoría no están de acuerdo con que la solución pase por los realojos, pero reconoce que hay familias que sí lo necesitan y que “es urgente que sean realojadas”.
La Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital firmaron el pasado 11 de septiembre la adenda por cuatro años al convenio firmado en 2021 para extender el realojo, con una inversión de 52 millones, financiados a partes iguales por las dos administraciones. Adenda que se centra en el Sector VI.
Ambas administraciones trabajan en la actualización del censo o estudio social que se realizó entre 2016 y 2017 para determinar la población residente en la Cañada y establecer las necesidades futuras de realojo.
Precisamente, el 27 de septiembre se abría el plazo de presentación de solicitudes para el realojamiento en pisos públicos de 180 familias vulnerables del Sector V, que finalizará dentro de un año, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
En todo caso, Akrikez ha insistido en que los realojos se están haciendo “de manera forzada” porque las familias se ven “obligadas” a aceptarlo ya que viven en “viviendas indignas”. “No se puede estar en una casa donde no hay agua caliente y no hay calefacción”, añade.
Houda Akrikez entiende que el desalojo no es la solución
Akrikez explica que son sus casas y que tienen “un arraigo bastante importante” con Cañada Real Galiana, su “barrio”. “Nuestras casas son nuestras, nosotras reconocemos que el terreno no es nuestro. No es nuestro porque no tenemos escrituras, pero sí que han sido comprados, o sea, los terrenos han sido comprados, han sido pagados. Además, hemos estado pagando el IBI hasta hace nada”, señala.
A su juicio, la razón por la que quieren realojarlas es que “tienen muchísima prisa para que vayan saliendo de las viviendas” pues es “un terreno jugoso” para “las grandes urbanizaciones del sureste de Madrid”. Por ello, pide que se tenga en cuenta a los vecinos a la hora de tomar decisiones sobre su futuro. “Cañada Real es un barrio de Madrid y yo creo que además tiene una historia bastante importante, tiene muchos años de vida y no podemos dejar de lado que es un barrio que ha crecido gracias a la fuerza vecinal”, remarca.
Con motivo de este tercer aniversario sin luz, los vecinos de Cañada Real han realizado varias acciones de concienciación y han hecho un llamamiento a los responsables políticos y a la sociedad civil: “No os podéis quedar callados ante esta violación de derechos”.
Entre ellas destacan la inauguración de un parque infantil reivindicativo que se llama ‘Con la luz no se juega’ y una campaña difundida por redes sociales. “Nuestro mensaje siempre es claro: Queremos luz, queremos contratos y queremos una mesa de seguimiento y vamos a seguir luchando por lo que es nuestro, que son nuestras casas, nuestro barrio”, subraya.
La lucha de los vecinos
En estos años, los vecinos de la Cañada Real no han parado de denunciar su situación ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas y ante el Gobierno de España, a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; y se han manifestado al grito de ‘Luz para la Cañada’ ante las distintas administraciones y empresas implicadas. Constituyeron la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real, integrada por más de 50 organizaciones, desde la que han exigido a la Comunidad de Madrid una solución “urgente”.
En 2021, España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada Real. También el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación y ha exigido respuestas.
Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana, órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico, se fijó a mediados de noviembre de 2021 una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones. Además, el Gobierno aprobó subvenciones por 5 millones para Madrid y de Rivas Vaciamadrid, destinados al realojo de las familias en vulnerabilidad extrema.
Advertencia del Consejo de Europa
Hace un año, en octubre de 2022, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa –comité de expertos independientes establecido en virtud del artículo 25 de la Carta Social Europea– declaró admisible por unanimidad una reclamación colectiva contra España e instó a las autoridades españolas a adoptar “medidas inmediatas” en la Cañada Real Galiana.
El organismo instó al Ejecutivo a “garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)”. Además, pidió que ofrezca “un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción”.
Negatividad de las autoridades
En marzo, la Comunidad de Madrid señaló que técnicamente es “imposible” llevar la electricidad a los sectores V y VI porque no se cumplen requisitos legales como que la zona no es urbanizable ni permite un uso residencial y solo puede “impulsar medidas alternativas” como tarjetas de gasolina o iniciativas paliativas.
UFD Distribución Electricidad S.A., distribuidora del grupo Naturgy, ha planteado 13 líneas de alta tensión para los sectores V y VI y mejorar la infraestructura eléctrica. Las eléctricas tienen que dar servicio a los abonados de estas zonas y el Gobierno regional dice que velará porque sea “con las medidas de seguridad oportunas”.
La acusación particular en la causa en la que se investigan los cortes de luz en la Cañada Real ha reiterado al juez que emplace a la Comunidad de Madrid a aclarar quién ordenó la instalación de reconectores para limitar el suministro cuando se iniciaron los cortes.