La Comisión Europea ha impuesto una multa histórica de 200 millones de euros a Temu por no controlar adecuadamente la venta de productos ilegales y potencialmente peligrosos dentro de su plataforma. Se trata de la sanción más alta aplicada hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.
Según Bruselas, la compañía china no habría evaluado correctamente los riesgos derivados de los productos que comercializa ni adoptado medidas suficientes para proteger a los consumidores europeos. La investigación, iniciada en 2024, detectó importantes deficiencias en los controles internos de la plataforma.
Las autoridades europeas consideran que Temu utilizó análisis demasiado generales y poco específicos para detectar artículos ilegales o inseguros. Además, sostienen que la empresa no tuvo en cuenta el verdadero impacto que estos productos podían generar en los usuarios.
La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, advirtió de que las grandes plataformas digitales deben cumplir con las normas comunitarias y asumir responsabilidades reales sobre lo que venden y promocionan.
Entre los problemas detectados durante la investigación figuran cargadores eléctricos que no superaban controles básicos de seguridad y juguetes infantiles con componentes considerados peligrosos. Algunos de estos artículos presentaban riesgos de asfixia o contenían sustancias químicas por encima de los límites legales establecidos en Europa.
La Comisión Europea también critica que Temu no haya evaluado correctamente cómo el propio diseño de la plataforma puede favorecer la difusión de productos ilegales. Bruselas pone el foco especialmente en los sistemas de recomendaciones automáticas y en las promociones realizadas a través de influencers afiliados.
Aunque la multa ya es firme, la investigación sigue abierta y podrían llegar nuevas sanciones si se confirman otros incumplimientos relacionados con el funcionamiento de la plataforma. Temu dispone ahora de varios meses para presentar un plan de acción que corrija las irregularidades detectadas.
La decisión marca un nuevo paso en el endurecimiento de las normas europeas sobre comercio digital y busca reforzar la protección de los consumidores frente al crecimiento de las plataformas de venta online de bajo coste.