Bruselas retiene a España 158 millones del cuarto pago de fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados

Las autoridades españolas tienen ahora un mes para responder y presentar alegaciones

La Comisión Europea ha congelado este miércoles 158 millones de los 10.000 millones del cuarto pago del plan de recuperación a España, tras detectar deficiencias en la aplicación de uno de los objetivos asociados. Como resultado, España recibirá un desembolso parcial. No obstante, la normativa permite al Gobierno corregir estas carencias y tener una nueva oportunidad para acceder a esos fondos.

Bruselas ha confirmado que España ha cumplido satisfactoriamente 60 de los 61 hitos, por lo que da luz verde a la práctica totalidad del cuarto pago de 10.000 millones aunque, en paralelo, ha activado el procedimiento de suspensión del pago debido a que aún no se ha cumplido «satisfactoriamente» el objetivo 201 del plan, que se refiere al programa de inversión en digitalización de pequeñas y medianas empresas (pyme) Agentes del Cambio, según fuentes europeas, debido a una falta de demanda del mismo.

El propósito del programa, dotado con 20.000 euros, era dar apoyo a 15.000 pymes en su proceso de transformación digital subvencionando parcialmente la contratación de profesionales denominados Agentes del Cambio, término que da nombre a la iniciativa.

España tiene un mes para presentar alegaciones tras la congelación parcial del cuarto pago del Plan de Recuperación

El Ejecutivo comunitario ha notificado por carta esta suspensión a las autoridades españolas, que tienen ahora un mes para responder y presentar alegaciones, entre las que justificará que ha lanzado ya el programa Kit Consulting, con en ayudas de hasta 24.000 euros para contratar servicios de asesoramiento en digitalización a pyme y que dará cumplimiento al objetivo pendiente.

Si tras la respuesta del Gobierno, la Comisión confirma que el objetivo pendiente no se ha cumplido satisfactoriamente, se abrirá un periodo de seis meses en los que España tendrá una nueva oportunidad de completar el objetivo fallido. Si eso ocurre, la Comisión levantará la suspensión mediante una evaluación positiva y posteriormente, pagará el importe congelado tras recibir el visto bueno de los Veintisiete.

De lo contrario, en caso de evaluación negativa, los 158 millones afectados se suspenderán de forma permanente y se restarán del presupuesto total del plan.

La Comisión sí ha validado el resto de hitos y objetivos vinculados al cuarto tramo del plan, que incluyen la reforma de las pensiones, la Ley de Vivienda, o reformas e inversiones para mejorar la eficiencia y la digitalización de los procedimientos judiciales.

La evaluación del pago acumula un retraso de varios meses tras la prórroga acordada entre el Gobierno y Bruselas para dar más tiempo a la tramitación de la reforma del subsidio por desempleo, que la Comisión da por cumplida con el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros.

Proceso para la suspensión de pagos

Acorde a la metodología de penalizaciones que ya se aplicó a otros países como Lituania, Portugal o Rumanía, la base para el cálculo del importe suspendido se corresponderá con el «valor unitario» de un hito u objetivo, que se calcula dividiendo el valor total del Plan de Recuperación de cada Estado miembro 163.000 millones en el caso de España entre el número de hitos y objetivos, y que, de incumplirse, reducirán el presupuesto total inicialmente asignado.

En el caso de los Estado miembro que, como España, también hayan solicitado un préstamo, se establecen dos valores unitarios diferentes, uno para los hitos y objetivos previstos en la parte de apoyo no reembolsable, y otro para los hitos y objetivos previstos en la parte de préstamo.

Sin embargo, dado que no todas las medidas tienen el mismo «valor», la Comisión ha añadido una serie «factores correctores» para todos y cada uno de los hitos y objetivos a fin de comprobar si estos se han cumplido y en qué medida. Aunque queda por completarse la validación final de las cifras del pago, según la metodología de la Comisión, el Gobierno estima que quedarían pendientes en torno a 158 millones de euros.