La UE dará un margen de 6 meses para retirar del mercado usos prohibidos de Inteligencia Artificial

La negativa va desde hacer listados de ciudadanos buenos y malos hasta el reconocimiento biométrico o el seguimiento de la ubicación

La prohibición de determinados casos de uso de la inteligencia artifical (IA), los cuales se detallarán en el texto normativo definitivo sobre la regulación de esta tecnología en la Unión Europea (UE), comenzará a aplicarse seis meses después de la publicación del documento final en el Diario Oficial de la UE (DOUE), lo cual se prevé que ocurrirá en torno a mayo del año que viene.

De este modo, la prohibición de determinados casos de uso de la IA se llevará a cabo antes de la entrada en vigor de la totalidad de la normativa, que se producirá transcurridos 24 meses desde la publicación de la regulación en el DOUE, según han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia).

Esto quiere decir que si el día en el que se publique la normativa en el boletín de la UE está en funcionamiento comercial algo que entre dentro de las características de un caso prohibido tendrá que retirarse del mercado antes de seis meses.

Niveles de riesgo

Al margen de los plazos, lo que se ha estipulado en las negociaciones son los distintos niveles de riesgo para el uso de la IA, cuya aplicación estará supervisada por una oficina europea que coordinará las distintas agencias nacionales sobre esta materia.

En ese sentido, también se han establecido los umbrales de las multas a las que se enfrentarán las empresas que no respeten la normativa, que van desde un mínimo de 7,5 millones de euro (o un 1,5% de su facturación) hasta un máximo de 35 millones de euros (o un 7% de su cifra de negocio).

De este modo, una de las principales ‘líneas rojas’ europeas en cuanto al uso de la IA tiene que ver con la utilización de esta tecnología para elaborar una especie de «ranking social» de la población, es decir, la elaboración de una suerte de clasificación de «buenos y malos» ciudadanos. Otro aspecto con el que no comulga la UE es con la utilización de esta tecnología para implantar una «sociedad vigilada», algo estrechamente ligado con el reconocimiento biométrico.

Y otra de las excepciones, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es para la localización de personas desaparecidas.

«No tiene sentido que no se le dé a la Policía la oportunidad de encontrar a un terrorista que acaba de salir corriendo y que no tenga esa capacidad de localizarlo, pero no es razonable que yo esté en el parque y mi Gobierno sepa cómo me llamo, qué compré en los últimos cinco meses o con quién me estoy cogiendo de la mano», han ejemplificado las fuentes.

En cuanto a no impedir el desarrollo de esta tecnología, desde la Sedia se ha trasladado que la regulación de la UE no se aplicará en las fases previas al lanzamiento al mercado de los productos basados en IA, por lo que han recalcado que no se pondrán trabas a la innovación.

En esa línea, se prevé la creación de espacios de entrenamiento para este tipo de productos en entornos reales antes de que lleguen al mercado.