Las señales que nadie quiere ver

1 de noviembre de 2024
5 minutos de lectura
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador I Fuente: EP
SIXTO DUARTE

Como comentamos la semana pasada, López Obrador lleva toda una vida mandando al diablo a las instituciones. Lo hizo antes de llegar al poder, lo hizo en su gobierno y lo está haciendo en su postgobierno.

Durante su mandato, López Obrador planteó el “Plan A” que era desmantelar al órgano electoral con una reforma constitucional. Al no lograrlo, impulsó el “Plan B” que era lo mismo pero desde la legislación secundaria.

Ahora con una mayoría calificada, esta legislatura lleva menos de dos meses y ya desmantelaron al Poder Judicial, están por desmantelar a los organismos autónomos, militarizaron la seguridad pública, entre otras fechorías legislativas.

En esta ocasión y justamente a partir del riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la reforma constitucional en materia judicial (por paradójico que suene) el oficialismo trata de amarrarle las manos a la ciudadanía modificando el artículo 1 de la Constitución, del que deriva el reconocimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

No voy a entrar a exponer si es posible esto. Ese es un debate entre naturalistas y positivistas que lleva décadas dándose en el ámbito académico. Lo único que diré es que aquellos que argumentan que el artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo lo impide, tienen una interpretación estrecha de la norma.

Al margen de este debate académico (que será materia de otra entrega) ahora el oficialismo trata de cerrar los caminos de impugnación a la oposición y a la ciudadanía. Esta reforma al artículo primero de la Constitución es un grave retroceso, quizá incluso más grave que la propia reforma judicial.

Si el día de mañana, con la mayoría legislativa que ostenta el oficialismo, dicen que hay que revivir los tiempos bíblicos y como Herodes, decretan que hay que eliminar a los bebés recién nacidos, bajo su óptica pudieran hacerlo. Los únicos instrumentos que nos quedarían al alcance serían justamente los derechos humanos reconocidos en distintos tratados de los que México forma parte. Con esta reforma, estiman que pudieran deshacerse de esos compromisos adquiridos por el Estado mexicano.

En este sentido, el oficialismo enfrenta una incongruencia mayúscula, pues dicen que la reforma judicial no puede ser revisada por la Corte, pero acto seguido tratan de eliminar el instrumento que le da facultades a la Corte para revisarla.

El derecho internacional de los derechos humanos tuvo un auge en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Hitler y los nazis habían legalizado todas sus actividades genocidas con las mayorías legislativas que tenían.

A partir de ahí cobró fuerza la corriente derechohumanista que sostiene que hay derechos que el Estado se limita a reconocer, no a conceder. Esto es para seguridad de toda la humanidad, en el supuesto caso que llegue un gobierno que intente desconocer determinados derechos. Guardando las debidas proporciones, algo parecido está sucediendo en México.

Morena está llevando muy lejos esta discusión con el propósito perverso de concentrar el poder. El dejar a los mexicanos sin el reconocimiento a derechos humanos es un grave retroceso. Incluso no existe una señal clara del gobierno respecto a esta reforma, y se advierten diferencias dentro de la bancada del Partido Verde que forma parte del bloque oficialista.

Reforma judicial, eliminación de organismos autónomos, militarización y eliminación de derechos humanos, todo en menos de dos meses. Las señales son claras y vamos rumbo a una dictadura. No entiendo cómo la gente no está protestando, manifestándose o exigiendo a sus representantes mesura en las decisiones que están asumiendo.

Lo que está sucediendo en México es gravísimo. El oficialismo aprovecha el malhumor colectivo del que alguna vez habló Peña Nieto, para acaparar más poder. Todas las dictaduras empezaron más o menos igual. Si revisamos la historia de Venezuela, siguieron el mismo camino. Se aliaron con el ejército, desmantelaron el órgano electoral y luego el órgano judicial. Ahorita llevan veinticinco años en el poder y Venezuela está en un resumidero.

En Cuba sucedió algo parecido. En Nicaragua, lo mismo. Parece que con todas las señales que vemos, la gente no quiere creer que estamos a un paso de perder todos los avances y libertades que daban por sentado que existirían siempre. Incluso muchos analistas políticos y normalizadores hablan de que la presidente Claudia Sheinbaum “se va a moderar” a pesar de que ha dado todas las señales contrarias.

Cuando hablamos de moderación, estamos apelando a la conciencia de una persona. Pero el sistema republicano no está diseñado para depender de una persona, sino de varias fraccionando el poder. Morena lo que está haciendo es concentrarlo todo.

Aunado a lo anterior tenemos a las fuerzas armadas participando prácticamente en todas las áreas del gobierno. Les acaban de regalar un marco jurídico para que participen en las tareas de seguridad que le corresponden a los civiles. ¿Desde cuándo es una buena idea militarizar un país? Y sobre todo, ¿desde cuándo la izquierda es la promotora de la militarización? Se quejaron por décadas de 1968, y ahora están repitiendo las mismas prácticas nocivas y antidemocráticas.

Para colmo, el principal socio de México tiene elecciones en noviembre. A diferencia de otros procesos, México solamente es visto como un riesgo para ellos. Regularmente en esos escenarios se vincula la palabra fentanilo, droga, migración e inseguridad con México. Ya no se nos ve como socios, sino como un vecino molesto y riesgoso. Donald Trump ha manifestado recurrentemente su retórica antimexicana. Kamala Harris ha hablado también de reforzar la frontera. En pocas palabras, no hay candidato cómodo para México.

En 2026 viene la renegociación del TMEC con Canadá y Estados Unidos. A pesar de haber sido Trump el negociador de dicho tratado, ha enviado mensajes de que desea meterle mano a dicho tratado. Harris, quien siendo senadora votó en contra del TMEC puede asumir una postura mucho más radical respecto a este tratado. En cualquier escenario, México sale perdiendo. Y lo que perdería serían empleos e inversión, pues nuestra industria está indisolublemente vinculada a Estados Unidos.

La inseguridad se encuentra en niveles escandalosos en Sinaloa (y en todo el país). Parecería que los gobiernos solamente son testigos de lo que sucede entre las bandas criminales. Chiapas, Guerrero y Guanajuato son ejemplos de lo mismo. Sin embargo en tres de esos cuatro Estados Morena ganó con amplios márgenes. Parece que el elector no sabe cobrarle al gobierno sus errores y sigue votando de manera irreflexiva.

Con todo lo anterior podemos advertir que el panorama para México no es nada alentador. Sin embargo, el oficialismo está más preocupado de que España le pida disculpas a México por la conquista, que de atender la inseguridad en Sinaloa. México sufrirá la consecuencia de sus pésimas decisiones políticas a cargo de un electorado inmaduro y moldeable que no supo entender la gravedad de entregarle tanto poder a una caterva de corruptos como lo es Morena. Espero equivocarme.

Reproducimos por su interés este artículo firmado por Sixto Duarte publicado en El Diario de Chihuahua

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