Durante la presentación de las prioridades de la presidencia belga de la UE, el embajador de Bélgica en España, Geert Cockx, afirmó el viernes que, bajo su liderazgo, avanzarán en el proceso para la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea, siempre y cuando España brinde una explicación detallada de las consecuencias jurídicas y financieras asociadas.
Cockx destacó que, como país multilingüe, la diversidad lingüística es crucial y puede acercar las instituciones a los ciudadanos, fortaleciendo la democracia. Añadió que, respecto a la oficialidad de estas lenguas, varios Estados miembros han planteado interrogantes, pero el embajador aseguró que el Gobierno español se ha comprometido a proporcionar la información solicitada.
El embajador belga subrayó que, a medida que obtengan la información necesaria, avanzarán en el proceso. Afirmó que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea trabajarán en garantizar que los Estados miembros tengan una comprensión clara de las implicaciones.
Por el momento, Bélgica ha excluido la cuestión de la oficialidad de las lenguas cooficiales de la agenda del Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, que se celebrará el 29 de enero. Esto ocurre después de que el Gobierno español la incluyera en hasta cuatro ocasiones durante su semestre al frente del Consejo de la UE.
España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y el Senado, hacen del expediente español un «caso único». El Gobierno también afirma que asumirá el costo de implementar el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas. En este sentido, renuncia a las disposiciones del reglamento de las lenguas de la UE, las cuales prevén que dicho gasto sea cubierto por las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para la introducción de las lenguas, con el catalán primero y el euskera y gallego en etapas posteriores, sin especificar un calendario.
En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en aproximadamente 44 millones de euros anuales el coste de introducir una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea. La inclusión del catalán, euskera y gallego en el reglamento lingüístico de la UE requiere la unanimidad de los Veintisiete. Ante las dudas expresadas por algunos socios, los ministros acordaron en octubre solicitar a la Comisión Europea evaluaciones sobre el impacto financiero, legal y práctico de este paso, pero aún no se han elaborado dichos informes.