La defensa de Begoña Gómez ha solicitado formalmente este viernes la paralización del procedimiento judicial en su contra. El objetivo es frenar cualquier avance hacia el juicio oral hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes, asegurando así que el proceso cuente con todas las garantías procesales y evitando posibles perjuicios irreparables para su representada.
El recurso de apelación presentado ataca directamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de rechazar la práctica de varias pruebas que la defensa considera esenciales. Según los letrados, el auto del magistrado «limita el derecho de defensa» y rompe el principio de «igualdad de armas» entre las partes, lo que obligaría a revisar la instrucción antes de dar por cerrada la fase de investigación.
Entre las medidas solicitadas destaca la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense. La defensa tilda de «sorprendente» que, siendo una de las personas con mayor conocimiento directo sobre la operativa bajo sospecha, no haya sido llamada a testificar en ningún momento del proceso judicial.
Asimismo, se exige la ratificación de tres informes periciales que, a juicio de los abogados, desmontan los ejes centrales de la acusación. Estos documentos cuestionan la existencia de un daño económico a la Universidad, defienden la legalidad del personal de apoyo de Gómez comparándolo con el de anteriores cónyuges de presidentes, y ofrecen una interpretación alternativa sobre la naturaleza de la Cátedra investigada.
El escrito insiste en que la negativa a practicar estas diligencias fundamentales priva a Begoña Gómez de su derecho a una defensa efectiva. Al persistir en el rechazo de pruebas que podrían ser determinantes para el caso, la defensa sostiene que el actual procedimiento carece de la seguridad jurídica necesaria, motivo por el cual instan a la Audiencia a intervenir antes de que se adopte cualquier decisión sobre la apertura de juicio