La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que suspenda temporalmente la causa judicial abierta contra ella hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva varios recursos pendientes relacionados con el posible uso de un jurado popular en el procedimiento.
La petición llega en un momento especialmente delicado para una investigación que continúa generando un enorme interés político y mediático. El escrito presentado por la defensa reclama la paralización de todos los plazos procesales actualmente en marcha hasta que exista una decisión definitiva sobre el modelo de juicio que debería aplicarse si el caso finalmente llega a celebrarse.
El principal argumento de los abogados de Gómez es que no tendría sentido continuar avanzando en el procedimiento mientras sigue abierta la discusión jurídica sobre si el caso debe ser juzgado por un tribunal ordinario o por un jurado popular. La defensa considera que esta cuestión es clave para garantizar la seguridad jurídica y el correcto desarrollo del proceso.
La polémica comenzó meses atrás, cuando el juez Peinado planteó que determinados delitos investigados podían ser competencia de un tribunal del jurado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid frenó esa posibilidad en febrero tras estimar un recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez.
En aquella resolución, los magistrados señalaron que no existían en ese momento “indicios racionales de criminalidad” suficientes como para justificar el traslado de la causa hacia un juicio con jurado popular. Esa decisión supuso un importante revés para la estrategia procesal planteada inicialmente por el instructor.
No obstante, un mes después, Peinado volvió a insistir en esa línea y dictó un nuevo auto en el que defendía que sí se habían encontrado indicios relacionados con varios delitos que podrían entrar dentro de las competencias del tribunal del jurado.
Entre los delitos mencionados aparecen presuntos casos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En el procedimiento también figuran la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El caso continúa teniendo una enorme dimensión política debido a la posición pública de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cada nuevo movimiento judicial provoca reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático, aumentando la tensión entre Gobierno y oposición.
Mientras la defensa insiste en que se respeten todas las garantías procesales y se paralice temporalmente el procedimiento, el juez instructor mantiene abierta la investigación para aclarar si existieron irregularidades en determinadas actividades profesionales y relaciones empresariales.
La decisión que adopte ahora la Audiencia Provincial de Madrid será clave para el futuro inmediato del caso. Si acepta los argumentos de la defensa, el procedimiento podría quedar congelado hasta resolver definitivamente la cuestión del jurado popular. En cambio, si avala la postura del juez Peinado, la investigación seguiría avanzando hacia nuevas fases judiciales.