¡Basta con tanta falta de respeto! ¡Qué se han creído!

¡Excusatio Non Petita, Accusatio Manifesta: Quién se excusa sin habérselo pedido, declara que es culpable!

Señora juez, señor juez, señor fiscal, señora fiscal: ya no soportamos tanto maltrato, tanta injusticia, tanto abuso de poder.

¡Ya basta de estoicismo!: estamos cansados de aguantarles tanto vejamen, desprecio y humillación.

«No nacimos para ser esclavos de la injusticia, sino para ser libres por la ley». — Cicerón.

Preámbulo

El histrionismo de la mala jueza

— Señora Juez: (Con tono estridente y golpeando el estrado) ¡Silencio en la sala! ¿Acaso usted es Abogado? Su argumentación es una impertinencia y una soberana pérdida de tiempo. Aquí la autoridad soy yo, así que limítese a escuchar y cállese. Yo soy la juez.

— Abogado Defensor: (Con firmeza y voz enérgica) Señora jueza, con el debido derecho, la exhorto a que modere su lenguaje y no me falte al respeto. Usted tiene el deber legal de escuchar los alegatos de esta defensa sin proferir insultos ni humillar. ¡Respete para que se le respete! No me ha dejado hacer los alegatos de apertura. No sea burletera ni se siente en silla de escarnecedores. 

— Señora Juez: (Llevándose las manos al pecho, fingiendo conmoción ante las cámaras de la sala, toda histriónica) ¡Ay, por Dios! ¡Fíjense todos cómo este abogado me ha ofendido e irrespetado con su respuesta! ¡Esto es una agresión directa a mi investidura y una flagrante falta de respeto a la autoridad!

— Abogado Defensor: ¿Ofensa? ¡Es que acaso usted no se da cuenta de que me ha agredido primero de forma desmedida! ¿O es que se cree que somos eunucos mentales? Usted descalifica, denigra y atropella desde su silla, pero pretende que la defensa técnica permanezca muda y sumisa ante su abuso de poder. ¡Eso se llama provocar una reacción para luego victimizarse!

El atrevimiento de la mala fiscal

— Señora Fiscal: (Con ademanes de superioridad, mirando con desprecio al imputado y vomitando su bilis en ofensa hacia la defensa técnica) Ciudadano juez, esta representación fiscal ratifica la medida privativa. El acusado es un peligro, un delincuente consuetudinario y carece de la más mínima moral, tal como se desprende de su evidente actitud retadora en esta sala.

— Abogado Defensor: (Interrumpiendo con vehemencia) ¡Objeción categórica! Señora fiscal, usted está imputando condiciones subjetivas y juicios de valor vulgares que no tienen el más mínimo asidero en la realidad ni en las pruebas del expediente. ¡Deje de inventar fábulas y respete el principio de inocencia!

— Señora Fiscal: (Encolerizada, alzando la voz hacia la defensa técnica) ¡Señor juez, deje constancia en el acta del atrevimiento de esta defensa! Es el colmo que este profesional pretenda coartar mis atribuciones constitucionales de insultarlo impunemente. ¡Cómo se atreve este defensor de replicarme a la falta de consideración y respeto que yo tengo hacia su persona y  hacia su trabajo¡ La defensa debe dejarse mancillar porque  quienes tenemos aquí toda autoridad y derechos somos la juez y la fiscal. 

— Abogado Defensor: ¡El colmo es su impunidad y su alianza para desprestigiar la labor técnica! Ustedes lanzan improperios, insultan y destruyen vidas con total ligereza, pero si la defensa solicita respeto, para contener sus arbitrariedades, entonces se sienten falsamente ofendidas y escandalizadas. No confundan el ejercicio de la justicia con su egolatría personal.

Crónica

El estoicismo ciudadano ante el foro judicial ha llegado a su límite; la paciencia social claudicó frente a un sistema que trocó la solemnidad por el desfile de vanidades. Este manifiesto, sin embargo, exige una frontera diáfana: no se dirige a las juezas, los jueces, las fiscales ni los fiscales honestos, rectos, éticos y estudiosos que aplican el principio iura novit curia. No va para quienes temen a Dios, ni para quienes jamás han permitido una coima, la extorsión o el soborno porque la verdad es su norte. Por el contrario, va dirigido expresamente a las juezas, los jueces, las fiscales y los fiscales inmorales, corruptos, deshonestos e ignorantes del derecho. Va para esos funcionarios impíos que, desprovistos de ética, rinden un culto total a Satanás, al demonio ,  al propio jefe de las tinieblas a través de sus actuaciones perversas y corruptas.

La ciudadanía y los profesionales del derecho nos encontramos legítimamente iracundos ante la ausencia de una justicia justa en los estrados. Por eso hacemos contraloría social. Soportar cotidianamente griterías, faltas de respeto, narcisismo y psicopatía por parte de operadores que actúan bajo el delirio del complejo de Dios es inaceptable, pues olvidan que su investidura es circunstancial, efímera y transitoria.

Llegará el momento en que estén ustedes ante el tribunal de Dios y allí no habrá apelación con amiguitas ni amiguitos, sino el crujir de dientes. Se creen semidioses perennes en una silla que tarde o temprano habrán de desocupar, mientras alardean desatando en sus audiencias un histrionismo patético. Este sector específico de funcionarios constituye el verdadero tumor maligno de la estructura judicial y fiscal, un cáncer burocrático que carcome los cimientos institucionales.

Bajo el amparo de sus atribuciones, estos operadores se arrogan prerrogativas aberrantes para humillar, regañar y maltratar al reo, tratándolo con una violencia verbal desmedida. La situación se agrava cuando estas juezas, jueces o fiscales instrumentalizan discursos de protección contemporáneos para blindar su propia prepotencia, soberbia e impunidad.

Si a la defensa técnica se le ocurre intervenir para frenar el atropello, estas funcionarias se encolerizan aún más, violando flagrantemente el debido proceso y la garantía de que los procesados sean tratados conforme al principio de inocencia. En lugar de ello, les aplican una auténtica capitis deminutio al estilo romano, despojándolos de sus derechos fundamentales y confinándolos moralmente a la ergástula, para luego confinarlos físicamente a una condenación injusta.

La degradación del foro es tal que jueces y fiscales temerarios e insolentes actúan en complicidad, valiéndose de amiguismos para desprestigiar e insultar a la defensa, profiriendo improperios con el único fin de mancillarla y silenciarla. Buscan generar un terror psicológico para que el abogado no denuncie que quieren dinero, mucho dinero y que ni siquiera leen el expediente, operando bajo el criterio del principio de culpabilidad en vez del principio de inocencia…

Lo más inaudito es que si la defensa técnica intenta defenderse de estos ataques, los agresores —jueces y fiscales— se muestran falsamente ofendidos, activando una coraza de susceptibilidad procesal. El juicio penal se transforma así en un patíbulo de linchamiento moral, donde al justiciable lo hacen perder su dignidad antes de recibir una sentencia. Porque vamos a ser claros quítense las caretas, lo que quieren es que le paguemos una coima alta en dólares o en euros,  y para eso envían emisarios y se hacen amiguitos y amiguitas momentáneos. Hipócritas delincuentes. 

Existe una premeditada vileza en estos operadores perversos que provocan y estimulan discusiones procesales de forma maquiavélica —como lo haces tú y sabes que me refiero a ti— para que queden registradas en las actas y grabaciones de audio. Buscan que el profesional del derecho, que ha sido previamente vejado y ofendido en su honor, reaccione de forma enérgica para luego tergiversar los hechos. Es lo que en la psicología moderna se conoce rigurosamente como provocación de una agresión reactiva: desestabilizan al litigante para presentarlo como el agresor inicial. Con esta manipulación miserable, estos perversos funcionarios demuestran que han comprado toda la tiquetería para ingresar al infierno, actuando como verdaderos emisarios de Satanás y no como servidores de Dios.

Urge extirpar esta patología del aparato estatal mediante una contraloría social implacable que devuelva a las salas de audiencia la sobriedad que les fue arrebatada. El derecho no es un látigo para el escarnio ni los ciudadanos somos esclavos obligados a soportar la tiranía, ni los traumas, ni las frustraciones, ni la psicopatía, ni el narcisismo, ni el sadismo de funcionarios transitorios que actúan al margen de la Constitución. No toleraremos más el abuso disfrazado de autoridad, ni la incompetencia revestida de toga; la sociedad civil exige un cese inmediato a la barbarie institucionalizada en los tribunales.

La justicia volverá a ser el sol de la República, o el clamor de los agraviados terminará por derrumbar los muros de este decadente e insostenible teatro de la crueldad, este desfile de vanidades y de trastornos de la personalidad de algunos jueces y fiscales con traumas no superados. Y esperando que el acusado o su defensa técnica les llenen sus cuentas bancarias con dólares o con euros. «Bandidos con toga».

El foro no puede seguir siendo secuestrado por quienes, carentes de vocación de servicio, convierten para su ego y su complejo de Dios la judicatura en un fortín de impunidad y opresión. Cada acta viciada y cada grito proferido desde el estrado es un eslabón más en la cadena de una arbitrariedad que la ciudadanía organizada ya no está dispuesta a tolerar en el oscurantismo de un proceso desnaturalizado.

La resistencia jurídica continuará firme y sin doblegarse, pues la dignidad de la abogacía y los derechos fundamentales del ciudadano común prevalecerán por encima de cualquier tiranía investida de toga. Seguiremos denunciando con valentía a quienes deshonran la República, hasta que las salas de audiencia vuelvan a ser espacios sagrados donde la verdad y la equidad imperen de manera absoluta.

¡Pongan sus barbas en remojo!

La historia contemporánea demuestra de manera implacable que los sistemas de justicia que normalizan la extorsión procesal y el maltrato institucional siempre terminan enfrentando su propia depuración. Lo que hoy se denuncia en las salas de audiencia encuentra un reflejo exacto en los grandes colapsos judiciales de la historia reciente, donde el abuso de poder cavó la fosa de sus propios operadores. Así lo constatan la célebre operación «Mani pulite» en Italia, los escándalos del denominado «cartel de la toga» en Colombia, las severas crisis institucionales en Brasil y, de forma paradigmática, los procesos de la «revolución judicial» en Venezuela, que han culminado con la captura y el encarcelamiento de decenas de jueces y fiscales procesados por corrupción y cobros en divisas.

Amparados en la «exceptio veritatis», estos hechos públicos y notorios confirman que la provisionalidad del cargo no otorga impunidad perpetua; la academia y el foro técnico seguirán registrando cada desafuero, con la certeza de que el derecho comparado siempre anticipa el inevitable retorno hacia la majestad de la ley y el debido proceso. «Dado que la historia tiende a repetirse, ¡nadie es inmune al peso de la historia!»

«Ningún poder es lo suficientemente fuerte si se ejerce mediante el insulto y el ultraje». — Séneca.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario