El 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas al IRPF de la exvedette
Barbara Rey ha pactado con la Fiscalía de Madrid una condena de dos años de cárcel en el juicio celebrado ayer tras reconocer que cometió un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para evitar pagar 143.902,24 euros a Hacienda.
Bárbara y su hija, acompañadas por un familiar, acudieron ayer a primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid para asistir a la vista oral, a cuya prueba renunciaron las partes como consecuencia del acuerdo de conformidad alcanzado con la fiscal del caso.
Apenas estuvieron cinco minutos en la sala de vistas, donde Barbara e hija se limitaron a reconocer los hechos. Su hijo, Ángel Cristo, en cambio, no acudió al encontrarse fuera de España a punto de participar en el reality Supervivientes.
La fiscal solicitaba inicialmente en su escrito de acusación tres años y seis meses de cárcel para la actriz y dos años y medio para sus hijos. Ahora, la pena se ha reducido a dos años de cárcel y multa de 2.160 euros en el caso de la actriz tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad.
A sus hijos y a otras dos personas se les condena a un año de cárcel, según consta en el acuerdo. Se les aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, por lo que la condena se ve reducida de forma considerable.
Eludir el pago
El juicio estaba previsto para el pasado junio, pero se aplazó debido a que uno de los acusados estaba en paradero desconocido. Los hechos se remontan al 10 mayo de 2011 cuando la AEAT comenzó una inspección a M. G. G. en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.
Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.
Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a la acusada en fecha 8 de agosto de 2013.