El fiscal general será juzgado por el Supremo antes de que termine el año

La causa por supuesta filtración de información sensible podría resolverse antes de cerrar el año

El Tribunal Supremo se prepara para juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Está acusado de filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La vista oral está prevista para noviembre y, según fuentes jurídicas, podría ser breve. La sentencia podría conocerse antes de que finalice 2025.

El proceso comenzó el 9 de junio, cuando el magistrado Ángel Hurtado decidió procesar a García Ortiz junto a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ambos estaban imputados por un presunto delito de revelación de secretos. Posteriormente, la Sala de Apelación dejó fuera del proceso a Rodríguez, pero confirmó la causa contra García Ortiz.

El fiscal general deberá depositar una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas, incluida una indemnización a González Amador, que inicialmente reclamaba 300.000 euros. Ahora tiene diez días para presentar su defensa. El tribunal que juzgará a García Ortiz estará formado por siete magistrados de la Sala Segunda, entre ellos Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Se espera que Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta completen el tribunal, según ha publicado Europa Press.

Detalles del juicio y los hechos

Se trata de un juicio complejo. Nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Supremo. La acusación principal se centra en la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el marco de un proceso por delitos fiscales. García Ortiz habría facilitado esa información a terceros antes de su difusión oficial, afectando la confidencialidad y el derecho de defensa del implicado.

El juicio también podría incluir otros delitos, como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. La duración estimada es de alrededor de una semana. La prueba principal consistirá en las declaraciones de testigos, entre ellos periodistas, fiscales y asesores políticos, así como informes de la Guardia Civil y registros de comunicaciones.

El magistrado Hurtado subraya que la información filtrada ponía en riesgo la reputación de la institución y comprometía los principios de legalidad e imparcialidad que rigen al Ministerio Fiscal. Según el juez, la actuación de García Ortiz podría haber tenido efectos perjudiciales sobre el derecho de defensa de González Amador y sobre la credibilidad de la Fiscalía en su conjunto.

Este juicio marca un hito en la historia judicial española y plantea un precedente sobre la responsabilidad de los altos cargos en el manejo de información sensible.